Agencias
CDMX.- Los Yunes enfrentan un escenario complicado. Su traición a su partido PAN y a los votantes al votar a favor de la reforma judicial, que permitió el despido de jueces y magistrados, ha generado un clima adverso para ellos en el Poder Judicial.
Paradójicamente, serán los propios magistrados, a quienes afectaron con su “voto de traición”, quienes podrían encargarse de revertir la controvertida cancelación de la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez.
Esta situación no sólo los pone en una posición vulnerable, sino que también los obliga a lidiar con un sistema judicial que busca reivindicarse haciendo valer el Estado de Derecho, cuestionando así el perdón que les fue otorgado bajo circunstancias ilegales, ya que Morena torció la ley para conseguirles el perdón judicial.
El panorama se complica para los Yunes. Los magistrados Juan Carlos Ramírez Benítez y Julia María del Carmen García González denunciaron corrupción en las fiscalías, señalando un manejo selectivo de la justicia en casos emblemáticos como Ayotzinapa y el del senador Chiquiyunes.
La magistrada García González consideró que hay indicios claros de corrupción en el desistimiento de la orden de aprehensión que la Fiscalía de Veracruz presentó apenas un día antes de la votación clave sobre la reforma judicial.
“Esto genera indicios fuertes de que hay claros actos de corrupción, porque para las personas comunes y corrientes (…) tenemos que estar litigando contra la Fiscalía”, expresó.
Chiquiyunes estaba señalado por uso de documento falso, falsedad en declaración y fraude procesal, cometidos durante su gestión como alcalde de Boca del Río, Veracruz. Sin embargo, la Fiscalía no sólo canceló la orden de aprehensión, sino que también retiró la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos.
Para los magistrados, esta acción refleja una preocupante tendencia en la que la justicia se utiliza como moneda de cambio político. La cancelación ocurrió en un contexto en el que el apoyo de Yunes fue crucial para aprobar la reforma judicial que permitió la remoción de jueces y magistrados.
La magistrada García destacó la gravedad del caso, calificándolo como “rarísimo” y como una muestra del uso político del sistema judicial. Estas decisiones dañan la confianza ciudadana en las instituciones, y posicionan a los Yunes en una situación de extrema vulnerabilidad frente a posibles represalias del sistema judicial que ellos mismos ayudaron a reformar.