La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto conversó con seis periodistas sobre las reformas estructurales que durante los últimos 20 meses, con el impulso de los tres principales partidos políticos en el marco del Pacto por México, se han aprobado por el Congreso. Esta entrevista, aunada a otras que el Presidente sostuvo en diversos medios de comunicación, supone ser una especie de “corte de caja” después de la conclusión de lo que ha llamado el “ciclo reformador de México”. El Presidente resaltó los futuros beneficios de las reformas y asumió que la concreción de éstos depende ahora de una adecuada implementación por parte de su gobierno.
La entrevista pudo haber pasado sin más, como un esfuerzo incluso necesario, de explicar a la población lo que las reformas han significado en términos de acuerdo político, y lo que significarán en términos del incremento en la calidad de vida de todos los mexicanos, de no ser porque el Presidente confirmó lo que desde la oposición hemos percibido cada vez con más claridad desde que en diciembre del año pasado aprobamos en el Senado la reforma anticorrupción y es, la falta de interés del gobierno de la República por impulsar su aprobación en la Cámara de Diputados.
A pregunta de Pascal Beltrán del Río, director de este diario, sobre si dado que el Pacto por México ya ha dado de sí, también ha dado de sí el esfuerzo reformador del gobierno, el presidente Peña respondió: “Las grandes reformas que para esta administración era fundamental llevar a cabo, las que le iban a dar al país y le han dado ya una mejor plataforma para poder crecer económicamente y asegurar condiciones de más bienestar para más mexicanos se han logrado y se han alcanzado”. De esta forma, aceptó que la reforma de combate a la corrupción que está pendiente de ser aprobada, no es considerada una reforma fundamental para el país, lo cual es preocupante.
¿Olvida el Presidente los cientos de millones de pesos que la corrupción le cuesta al país año con año? ¿Olvida que de no contar con un marco adecuado de prevención, fiscalización, control y sancionatorio de la corrupción el resto de las reformas estructurales, a las que ha apostado todo su capital político y de las cuales depende el crecimiento del país, están en riesgo? ¿Olvida que la cultura a la cual culpa de la corrupción en nuestro país puede contenerse a través de leyes bien pensadas e instituciones fuertes que las hagan cumplir?
El Presidente dijo también, aludiendo a la Comisión Nacional Anticorrupción, pendiente de ser creada, que no podíamos pensar que una sola institución sería suficiente para combatir la corrupción, y mencionó la creación de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la nueva Fiscalía General de la República y la reforma en materia de transparencia como elementos que abonan a la lucha, lo cual es cierto porque lo que se necesita en el nivel institucional para combatir eficazmente este mal, es un sistema nacional de rendición de cuentas que contemple los mecanismos de acceso a la información pública, de fiscalización y de control de la administración pública. Dicho sistema, sin la aprobación de la reforma anticorrupción que crearía el órgano que prevendría y sancionaría conductas administrativas de servidores públicos relacionadas con corrupción, está incompleto y por ende, incapacitado para funcionar.
La falta de un titular de la Secretaría de la Función Pública desde que inició esta administración, y los contralores nombrados de facto por los titulares de las dependencias, contraviniendo incluso instrumentos internacionales que estamos obligados a cumplir, dan cuenta de la importancia que le ha dado el Presidente a este tema. Con este débil andamiaje institucional ¿cómo prevendremos y sancionaremos en su caso los actos de corrupción que pudieran evitar que los objetivos de las reformas se cumplan? Por poner sólo un ejemplo, ¿cómo evitaremos colusión entre profesores evaluados y evaluadores en el marco de lo mandatado por la Reforma Educativa?
Pero hay más: este gobierno aliado con el PRD, aumentó los impuestos cuando es una máxima que a mayor recaudación, mayores deben ser los niveles de confianza en el gobierno. Sin embargo, lo que tenemos hoy es un gobierno con mucho más dinero y prácticamente un nulo sistema de control sobre sí mismo.
Para el PAN la reforma de combate a la corrupción es sin duda la máxima prioridad a impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Para nosotros, el ciclo reformador de México está incompleto sin esta reforma. Le pedimos, señor Presidente, reconsidere.
