Una vez más otra tragedia en el sector del transporte —en esta ocasión del Servicio Público Federal— vuelve a provocar reacciones en la clase política del país que nuevamente “reacciona” pidiendo “investigaciones a fondo” del accidente que costó la vida a 36 personas que habían salido de Villahermosa para vacacionar con motivo de la Semana Santa, en el Distrito Federal.
Sin embargo, hace unas semanas, al cuestionarle a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre cómo iban las adecuaciones a la ley en materia de transporte de carga que circulan por la red carretera federal, principalmente lo que tiene que ver con la regulación al transporte denominado de doble semirremolque y que tantos accidentes ha causado en varias zonas del país, respondieron que se continuaba trabajando “en ello”. Les hicimos la observación de que como últimamente no se habían registrado percances de consideración en los que va implícita la muerte de personas no se había hecho nada para mejorar la norma relacionada con el tema.
Hoy, que ha ocurrido otro terrible accidente con un autobús de pasajeros en una carretera de Veracruz que ha cobrado la vida de 36 ilusionados ciudadanos que querían pasar unos días de vacaciones en la Ciudad de México, el tema de la regulación, en este caso al transporte federal de pasajeros, vuelve a “saltar” a la escena pública al confirmarse —como siempre— que la línea que prestaba el servicio prácticamente funciona en la ilegalidad: es una línea pirata.
Desde las últimas dos administraciones federales —panistas por cierto— se “prometió” meter al orden al transporte de carga y nunca se hizo nada. Actualmente, con el cambio de régimen, todo hace indicar que tampoco se ha hecho nada por mejorar las cosas y actualizar leyes y reglamentos que le garanticen al ciudadano mayor seguridad, ya sea cuando transita en su automóvil particular por las autopistas del país o aborda un autobús para trasladarse de una ciudad a otra por negocios o por vacaciones. Resulta que —para no variar— la empresa Turtles Tour, propietaria del autobús accidentado, no ha proporcionado la supuesta concesión que debe tener para operar como tal. Utiliza instalaciones pirata para asentar su terminal en el Centro Histórico del Distrito Federal, en las calles de Argentina, y además se anuncia como empresa turística cuando en realidad ofrecen itinerarios fijos del centro del país hacia Macuspana, Villahermosa y Cárdenas, en el estado de Tabasco. Y las autoridades ¿en dónde están? Todo lo anterior es independiente a la falta de señalización por parte del conductor de un tráiler de la empresa Prolat, que tiene su sede en Tepatitlán, Jalisco y que al descomponerse se detuvo indebidamente a un lado de la autopista Cosamaloapan-Acayucan; por ser de madrugada y no tener “fantasmas” de aviso no fue avistado por el chofer del autobús de pasajeros que se estrelló en la parte trasera del carguero.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya había emitido a finales del año pasado, de manera oficial, su aval para circular a los camiones doble remolque de 75.5 toneladas de peso, a excepción de los que transportan sustancias peligrosas. En un comunicado nocturno y sin explicaciones técnicas ni científicas —como se había prometido— ventiló las conclusiones generales del panel de ocho expertos que durante siete meses analizó la Norma 012 que regula pesos y dimensiones del autotransporte federal. La dependencia no garantizó, como también se había estipulado con anterioridad, que aplicará lo señalado por los expertos. Se limitó a informar que iniciaría hasta 2014 las gestiones “para deliberar y en su caso aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas”. Ni hablar; los ciudadanos seguiremos en la incertidumbre jurídica frente a este problema que únicamente se “toma en cuenta” cada vez que mueren personas inocentes en accidentes provocados ya sea por el transporte de carga o por el de pasajeros. Pero siempre, la constante es la falta de orden y cumplimiento de las normas por parte de quienes tienen a su cargo la operación de esta actividad. En pocos días, este percance quedará en el “olvido” como ha sucedido con otros accidentes en la México-Toluca o en la México-Pachuca, donde lamentablemente han muerto decenas de personas ante la “complacencia” de las autoridades.
