En unos pocos días quedarán concluidas, al menos en su modalidad constitucional, buena parte de las reformas estructurales solicitadas por el Ejecutivo federal y otras tantas favorecidas por los partidos políticos. Todas ellas han sido vendidas como indispensables para el progreso del país y como garantía de prosperidad.
Algunas están listas de cabo a rabo sea porque ya fueron emitidas las leyes secundarias como en el caso de la educativa, sea porque no requerían cambios constitucionales como la laboral o la de contabilidad gubernamental. Otras sólo avanzaron el tramo constitucional y habrá que esperar para ver su concreción en leyes secundarias que son las que dan forma a las políticas públicas: la energética, la electoral, la política, la de telecomunicaciones. Para todas éstas se han fijado plazos de tal manera que la tarea legislativa deberá quedar concluida durante el primer semestre de 2014.
Supongamos sin conceder que estas reformas constituyen como han dicho los legisladores, el Presidente y los secretarios de Estado, los cimientos para un futuro promisorio en términos de crecimiento económico, justicia social y gobernabilidad. ¿Qué procede ahora que están las reformas habilitantes?
Una vez agotada la etapa legislativa toca al Ejecutivo la difícil tarea de tomar las riendas y transformar las reformas en políticas públicas exitosas. En esta responsabilidad tiene con los gobernados dos pendientes. Uno que debió cumplirse antes de la aprobación de las reformas y otro que debe exigir la sociedad.
Las reformas no vinieron acompañadas de eso que se llaman libros verdes y libros blancos y que son la base de un buen diseño de las políticas públicas que deben derivar del trabajo legislativo. Los libros verdes son documentos de consulta sobre una determinada propuesta de reforma en la que el gobierno o el Congreso buscan obtener el parecer y las consideraciones ya sea de los sectores interesados y afectados o de la opinión pública. Los libros blancos son documentos detallados en los que se expone una política: su necesidad, sus objetivos, sus requerimientos y los resultados esperados. Son hojas de ruta precisas basadas en el conocimiento factual de un problema que pretende resolverse o una situación que intenta ser modificada.
Este trabajo lo hicieron en el mejor de los casos las organizaciones sociales como Mexicanos Primero o México Evalúa para la Reforma Educativa y la Fiscal, las instituciones de educación superior para algunos temas como la seguridad social universal o la Reforma Política y los think tanks como Imco, México Evalúa y la Fundación Espinosa Yglesias para las reformas energética, fiscal y electoral. Legisladores y gobierno se limitaron más bien a hacer declaraciones sin fundamento y a difundir promocionales en la radio y televisión sobre un gran porvenir. No han comunicado adecuadamente la pertinencia de las reformas ni los resultados precisos esperados. Más bien han sobrevendido el efecto de ellas y han pedido a la ciudadanía un acto de fe. Las reformas llevarán a México a una democracia de resultados. Con la Reforma Energética se elevará el PIB en 1.5%, Pemex será productivo, las tarifas eléctricas disminuirán, llegarán 300 mil millones de dólares en inversiones y no se perderá el dominio de la nación sobre los recursos petroleros. La Reforma Fiscal producirá ingresos equivalentes a 1% del PIB que serán dedicados a la inversión productiva y no al gasto corriente. La Reforma Laboral creará 750 mil empleos por año y elevará la productividad. La Reforma Educativa nos sacará del último lugar que ocupamos de entre los países miembros de la OCDE en la prueba PISA. La nueva ley de telecomunicaciones acabará con los monopolios o duopolios en el sector de las telecomunicaciones. La Reforma Política brindará mayor certeza electoral, mayor gobernabilidad y mayor representatividad.
Ya que no se contó con los libros blancos como sustento para la discusión y aprobación de las reformas, no sería mala idea exigirlos ahora.
El gobierno nos debe para cada una de las reformas estructurales que han sido aprobadas durante este año la hoja de ruta y los resultados esperados. Nos debe un libro blanco tardío en el que nos explique el estado actual de las cosas en cada una de las materias en las que se ha legislado, los retos a superar, las acciones a implementar, los instrumentos y recursos a utilizar, las metas concretas a lograr y los tiempos requeridos. Un libro blanco con estos contenidos para cada una de las reformas nos permitiría, primero, saber qué esperar de ellas y, segundo, llamar a cuentas al gobierno no sobre lo que quisiéramos sino exactamente sobre lo que nos ofrecieron. Si las reformas fueron sobrevendidas con el propósito de maximizar sus posibilidades de ser aprobadas o de ganarse a la opinión pública ahora es el tiempo de corregir. Después vendrá el tiempo de exigir.
