La paulatina y, lamentablemente, violenta irrupción del crimen organizado en el actual entorno electoral pone en evidencia, igual la falta de efectividad de la estrategia anticrimen implementada por la nueva administración que, sin duda, los tantas veces denunciados y reiteradamente negados vínculos entre la política (algunos de sus protagonistas) y los cárteles.
En las últimas horas, a la difusión de información sobre los incidentes violentos (con repercusión en campañas electorales) que privaron de la vida a cuatro personas en Coahuila, Oaxaca y Sinaloa, luces de alerta roja fueron encendidas en todas las instituciones vinculadas con la seguridad general del país y, más específicamente, en las instancias encargadas de organizar y vigilar los comicios del próximo 7 de julio en que, como se sabe, estarán en juego más de mil 500 puestos de elección popular, la gubernatura de Baja California de manera particular, en 14 entidades del país.
Cierto es que el involucramiento del crimen organizado en procesos pre y/o postelectorales no es nuevo. También, que hasta el momento, al menos, las amenazas han sido sólo eso y que, si bien deplorables, los ataques han estado focalizados y no han alcanzado a la sociedad.
No por ello deja de resultar altamente preocupante que a una semana escasa antes de los comicios en la mitad de la República, en cuando menos una decena de estados, se hayan presentado hechos violentos vinculados con la actividad de candidatos y/o autoridades encargadas del proceso electoral y que, hasta donde se conoce, al menos, no exista referencia alguna a resultados positivos en las pesquisas que, en todos los casos, han sido iniciadas por las policías responsables.
Vale recordar, entonces, a la luz de los hechos y para tomar medidas que impidan a México alcanzar tales extremos, cómo la Colombia de finales de la década de los 80, el 18 de agosto de 1989, para ser exactos, debió asumir el público asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial a la postre del Partido Liberal Colombiano, en cumplimiento de órdenes surgidas, según revelaron las investigaciones del caso, de capos del narcotráfico tales como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y del narcopolítico Alberto Santofimio Botero, cumplimentadas en su caso por Jaime Eduardo Rueda Rocha o Henry de Jesús Pérez, que le disparó cuando apenas llegaba a un mitin de campaña en la ciudad de Soacha, Cundinamarca.
Estamos en tiempo…
Asteriscos
* Por cierto, en Gómez Palacio, Durango, tres personas portando armas largas y a bordo de un auto Nissan blanco con placas DYF de esa entidad, irrumpieron en las oficinas del Comité de Campaña del candidato priista a la alcaldía, José Miguel Campillo, lanzando amenazas y consignas contra el personal a quienes advirtieron que “se los va a llevar la chin…”. Uno más…
Veámonos en la siguiente, con otro asunto De naturaleza política.
