AGENCIA
Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía de Sinaloa ha informado que un juez de control ha determinado la vinculación a proceso de Héctor Melesio Cuén, exdirector de Bienes y Suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) e hijo del exrector de la misma institución, asesinado el pasado 25 de julio en circunstancias que aún no han sido aclaradas. La fiscalía ha señalado que la muerte del exrector podría estar relacionada con el traslado a Estados Unidos y la posterior detención de Ismael “El Mayo” Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa.
Cuén está acusado de la presunta comisión del delito de negociaciones ilícitas durante los años 2021 y 2022. Según el comunicado emitido por la Fiscalía, el caso involucra la presunta adquisición de servicios de restaurante y bar, en los cuales empleados de la UAS consumían alimentos en el establecimiento conocido como “Restaurante Casa María”, perteneciente a la sociedad mercantil Inmobiliaria Luis XV S.A. de C.V. Estos consumos eran facturados a nombre de la universidad, lo que generó un total de 598 facturas por un monto acumulado de $1’447,671.78 millones de pesos.
Entre las irregularidades mencionadas, la fiscalía destacó que una de las facturas, por un valor de $1’145,000.04 millones, fue cancelada el 20 de mayo de 2023, a pesar de haber sido emitida el 25 de agosto de 2021.
Esta cancelación se llevó a cabo tras la publicación de una noticia que revelaba la facturación acumulada a la UAS por parte de Inmobiliaria Luis XV, la cual pertenece a la familia Cuén. La fiscalía considera que esta cancelación fue realizada fuera de los plazos legales y que el pago se efectuó en efectivo, lo que impide su cancelación, lo que sugiere la existencia de un acuerdo irregular entre funcionarios de la UAS y los prestadores de servicios.
La audiencia inicial del caso se llevó a cabo este lunes, tras haber sido diferida en 12 ocasiones anteriores, debido a lo que la fiscalía describe como “estrategias dilatorias” por parte del imputado, quien cambió varias veces de abogado y presentó justificantes médicos, lo que fue calificado como un “abuso excesivo del derecho a nombrar libremente abogado y del derecho a la salud”.
El juez impuso a Cuén la medida cautelar de presentación periódica cada mes ante la unidad de supervisión y le prohibió salir del país sin autorización judicial. Además, la fiscalía cuenta con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este proceso judicial se produce en un contexto complejo, donde la sombra del crimen organizado y las irregularidades financieras en instituciones educativas ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta la justicia en Sinaloa.
