De la Redacción
El Buen Tono
CDMX.- A poco más de dos semanas del arranque de las campañas judiciales en México, la sombra del crimen organizado y la violencia ya ensombrece los comicios: más de una docena de candidatos a puestos en el Poder Judicial enfrentan denuncias por vínculos con el narcotráfico, homicidios y otros delitos graves.
El colectivo Defensorxs ha documentado 13 casos alarmantes en su plataforma “Justicia en la mira”, entre los que destaca Silvia Rocío Delgado, ex abogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora busca convertirse en jueza penal en Chihuahua.
Pero el escándalo no termina ahí. Francisco Herrera Franco, aspirante a juez federal en Michoacán, es señalado por colaborar con grupos criminales y estar vinculado al asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Las organizaciones civiles advierten que permitir que figuras así accedan al sistema judicial, lo corrompe desde su base y lo vuelve cómplice de la impunidad.
La polémica escaló cuando Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, demandó al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia en la muerte de Paula Josette, una joven fallecida en un penal estatal.
Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, responsabilizó al INE por avalar su postulación.
Ante el riesgo de que criminales y encubridores lleguen a impartir justicia, más de 20 organizaciones exigen una investigación exhaustiva de los candidatos antes de las elecciones del 1 de junio.
