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Xalapa.- “La adopción de dispositivos de vigilancia electrónica en las tareas de seguridad pública en México se lleva a cabo sin una reflexión de fondo sobre los derechos de quienes son vigilados y cuyas acciones se registran en instrumentos de orden digital de manera continua y cotidiana”.
Los investigadores adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UV, Petra Armenta Ramírez, Karina Martínez Meza y Arturo Miguel Chipuli Castillo, así como su homóloga del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Araceli Espinoza Márquez, dieron a conocer lo anterior.
Añadieron que al mismo tiempo, y a pesar de su expansión, proliferación, crecimiento y legitimación por las autoridades, como solución tecnológica a los problemas públicos, los resultados sobre su eficacia no resultan claros ni concluyentes, así como tampoco lo son respecto de su implementación y efectos, ni en términos jurídicos al incluirlos en los juicios que se siguen.
Plan
Los académicos desarrollan el proyecto “Diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos”, luego de obtener la aprobación y recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El programa tendrá una duración de tres años, es decir, del 2020-2023, indicaron.
Al respecto, Armenta Ramírez precisó que el trabajo es parte de la expansión que hoy en día tienen los dispositivos de vigilancia electrónica en las tareas de seguridad pública en México, del que se desprenden dinámicas específicas de control y poder que regularmente permiten la gestión legítima del conflicto urbano, bajo el argumento de prevención y combate de la inseguridad, la delincuencia y la violencia.
Con base en lo anterior, el proyecto en mención tiene por objetivo obtener información que permita generar estimaciones, con representatividad a nivel nacional y estatal, sobre las percepciones de la población de 18 años y más respecto de los dispositivos de vigilancia electrónica instalados en ciudades metropolitanas de México por autoridades de los diferentes niveles de Gobierno.
Adicionalmente, busca generar estimaciones sobre la percepción de la implementación de estos dispositivos y su incidencia en los derechos humanos de los ciudadanos respecto del uso de la información registrada, en particular la privacidad y la protección de datos personales, a fin de proveer información al público en general y ofrecer elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias, así como presentar un modelo de índice de percepción con enfoque de derechos humanos.
