Agencias
Xalapa.- A menos de dos meses de las elecciones locales del Poder Judicial, Veracruz figura entre los ocho estados con riesgo “muy alto” de violencia e injerencia del crimen organizado, según el mapa de riesgos de “México Evalúa”.
Este diagnóstico no es casual: el Gobierno Federal ha ignorado sistemáticamente la escalada de violencia político-electoral en la entidad, donde en 2024 se registraron algunos de los peores ataques contra candidatos y ahora se busca imponer jueces afines a los intereses criminales.
Veracruz comparte con Michoacán el dudoso honor de liderar los índices de agresiones durante el último proceso electoral, y también es escenario de disputas entre grupos delictivos que buscan controlar el sistema judicial para blindar su impunidad.
La estrategia es clara: amenazar, coaccionar o asesinar para colocar jueces que les permitan operar sin obstáculos, especialmente en delitos como trata de personas, tráfico de drogas y explotación de recursos marítimos.
Lo más grave es que el Gobierno Federal no ha hecho nada para evitarlo.
Pese a que en 2024 Veracruz fue una de las entidades más golpeadas por la violencia política (con ataques a candidatos, familiares e instalaciones partidistas), ni la Secretaría de Seguridad ni las instituciones electorales implementaron protocolos efectivos de protección.
La omisión es cómplice: sin acciones concretas, el crimen organizado está a punto de secuestrar la justicia local.
La elección judicial podría convertirse en un nuevo capítulo de sangre e impunidad, pero en Palacio Nacional parecen más preocupados por la narrativa que por la realidad.
