Por Andrés Timoteo / columnista
VAN CONTRA LOS SANTUARIOS
“¿No estoy yo aquí que soy tu madre?, ¿acaso no estás bajo mi regazo?, ¿qué más necesitas, tú, el más pequeño de mis hijos?” decía un letrero colocado en el acceso principal de Albergue Decanal Guadalupano en Tierra Blanca. Claro, eso se recuerda hace unos diez años, la última vez que se visitó dicho lugar, tal vez ahora ya no se conserve el texto, pero con esa frase de consuelo se recibía a los migrantes extranjeros que allí encontraban un lugar para descansar, comer y curarse.
La amorosa cita es lo que le habría dicho María de Guadalupe al indio Juan Diego de acuerdo con el Nican Mopohua, el relato náhuatl de las apariciones marianas en el cerro del Tepeyac. El albergue terrablanquense fue abierto en el 2003 y es operado por la Iglesia católica, pionera – hay que reconocerlo y aplaudirlo- en la atención humanitaria a las personas de origen centro y sudamericano que migran por necesidad atravesando el territorio nacional.
El de Tierra Blanca forma parte de una red de 125 albergues en todo el País habilitados a través de la Pastoral para la Movilidad Humana. En la Entidad, otros refugios destacados son la Casa del Migrante en Coatzacoalcos y la Casa Monseñor Guillermo Ranzahuer en San Andrés Tuxtla que fungen como santuarios para las personas en tránsito. En la zona Centro funcionó durante años el albergue Padre Ricardo Zapata, localizado en la colonia Modelo en Río Blanco, abierto en el 2001 bajo la tutoría de la parroquia María Auxiliadora, pero tras los cambios de sacerdotes fue cerrado en el 2010 y reabierto cinco años después por una organización civil dedicada al apoyo a niños, ya no a migrantes.
Hay otras parroquias que a pesar de no tener casas de migrantes formales han dado apoyo humanitario para los extranjeros como la de Los Santos Reyes en Amatlán y Cristo Rey en Peñuela, así como el alberge “Cáritas” que funciona en Xalapa. A pesar de las vicisitudes y la escasez de insumos para atender a las personas que allí llegan, estos lugares han funcionado en relativa calma y libertad en la última década.
El acoso gubernamental contra estos refugios que recuerda más reciente sucedió en el Puerto de Veracruz, en los años 2000, cuando el entonces panista, Alejandro Cossío, era delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), que intentó hacer redadas para detener a migrantes en el Albergue Emaús, manejado por la diócesis porteña y cuyo responsable directo era el sacerdote Ángel Castillo.
Eran los tiempos del foxismo y los azules se sentían sobrados. Vaya, la prepotencia de Cossío Hernández – a quien sus panegiristas apodaron “El Búfalo”- era tanta que amenazó con detener al padre Castillo e incluso al mismo obispo, Luis Gabriel Cuara Méndez por no permitir el acceso de sus agentes al albergue. Fue toda una andanada contra los religiosos y finalmente el gobierno se salió con la suya porque el refugio desapareció.
En el 2008, el Gobierno del innombrable le preparó un tinglado al padre Ángel Castillo, quien fue detenido el 2 de octubre de ese año por elementos de la Dirección Estatal de Tránsito y Vialidad, acusándolo de estar alcoholizado y además de no pagar los servicios de una trabajadora sexual. Todo fue una mentira, por supuesto, pero el montaje sirvió para ‘neutralizar’ al religioso defensor de los migrantes.
Lo anterior sucedió tres años después de la muerte de Monseñor Cuara, y no hubo jerarca católico que defendiera al sacerdote defensor de los migrantes. El nuevo obispo, Felipe Gallardo Martín del Campo, se dedicó a desmantelar todo el trabajo que había hecho la Pastoral de la Movilidad Humana. El refugio fue cerrado -hoy es una librería católica-, el padre Castillo desterrado a una parroquia de la periferia y la Diócesis de Veracruz vivió un largo amorío con la fidelidad y el duartismo.
Y sólo para agregar el dato revelador, el exdelegado del INM durante el foxismo, Cossío Hernández, se convirtió en “proveedor” de la Secretaría de Salud en el fidelato y el sexenio duartista. En el Gobierno yunista se le excluyó de la proveeduría y entonces creó una organización llamada “Empresarios SOS” para tratar de cobrar algo así como 70 millones de pesos que dice que Javier Duarte le quedó a deber. La terca memoria.
Pues bien, lo expuesto sobre esos refugios viene al caso porque todo indica que volverán los tiempos de la persecución gubernamental. La “Cuarta Transformación” va contra los santuarios de migrantes en el afán de impedir que lleguen a la frontera Norte y se enoje el presidente norteamericano Donald Trump. No hay que pasar por alto lo que tanto se denunció sobre la legislación que regirá a la Guardia Nacional, pues los agentes tendrán la potestad de realizar allanamientos de domicilios sin necesidad de una orden judicial, así que los santuarios de migrantes estarán a la merced de redadas masivas. Ahí viene una larga lucha de la Iglesia católica para defender la labor humanitaria.
Por eso no fue gratuito el último pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) de la semana pasada sobre la defensa de la dignidad de los migrantes y la asistencia en su camino. Menos que el lunes pasado una delegación de obispos encabezada por el presidente del CEM, el regiomontano Rogelio Cabrera López, hiciera una ‘visita de cortesía’ al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para tratar el tema de la migración.
Los obispos le recalcaron al Mandatario que la atención a migrantes es un deber moral y una obligación humanitaria. Esto porque la Iglesia católica esperando el golpe contra los santuarios intenta contener el brazo policiaco de la “Cuarta Transformación”. Habrá que ver si la Iglesia católica cede, se vuelve colaboracionista o resiste ejemplarmente.
Otra organización que está en riesgo es la de Las Patronas de Amatlán de los Reyes, cuya labor se convertirá en incómoda para el Gobierno Federal por ayudar a los migrantes en su tránsito por Veracruz. ¿Quién lo iba a decir? Ahora, las galardonadas mujeres al igual que los santuarios también son una molestia para la “Cuarta Transformación” por su quehacer humanitario. Por lo pronto, ayer el mismo López Obrador confirmó que también sancionarán a los dueños de camiones que transporten migrantes, a los que les aplicarían la extinción de dominio, es decir les expropiarán las unidades. Socarrón, el tabasqueño advirtió a los dueños de vehículos particulares que no les den ‘aventón’ a los migrantes porque también podrían parar en prisión.
En las líneas de autobuses se exigirá que los viajantes muestren documentos de identificación y los que intenten abordar sin papeles los remitirán a la policía. Nada más falta que, como antes, a los que los vean con ‘pinta de centroamericanos’ les exijan cantar las estrofas del Himno Nacional.
Toda una política de terror y persecución.
