Por primera vez en la historia, el gobierno destinará 1.4 billones de pesos para el pago de pensiones en 2022, incluido el programa de adultos mayores de 65 años
La carga al presupuesto por parte del rubro de pensiones a nivel federal cada vez es mayor y llegará un día, si el gobierno no es capaz de generar más ingresos propios y no por la vía del endeudamiento, de que se coma con el pago de los intereses de la deuda, todo el recurso público.
De hecho, por primera vez en la historia, el gobierno destinará 1.4 billones de pesos para el pago de pensiones en 2022, incluidos los beneficiarios del programa de adultos mayores de 65 años.
El monto representa la quinta parte de todo el presupuesto del año entrante que se calcula en 7.08 bdp.
El problema amenaza a la estabilidad de las finanzas públicas del Estado, por lo que se ha tratado de remediar desde hace varios años, con reformas legislativas que no han logrado revertir esa tendencia de crecimiento de las pensiones y sí, en cambio, han puesto en riesgo esta prestación que se han ganado cientos de miles de trabajadores.
Resulta una tarea harto difícil atender con celeridad el impacto brutal a los ingresos del gobierno que representan las pensiones, sin embargo, desde el Congreso, se intenta quitarle una tajada a los jubilados y pensionados, como ya se hizo al imponer la UMA (Unidad de Medida y Actualización) como unidad de medida para calcular las pensiones en lugar del salario mínimo, tal como lo disponía la Carta Magna.
No solo a nivel federal prevalece esta aviesa intención de dañar a los trabajadores, sino a nivel estatal hay varios congresos que buscan por medio de artimañas legaloides, bajar el monto de las pensiones o de plano desaparecerlas, como ya ocurrió en Jalisco.
Desde San Lázaro, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) denunció que en esta entidad, la recién reforma aprobada a la Ley de Instituto de Pensiones del Estado es inconstitucional y va en contra del bienestar de las familias, de trabajadores pensionados y jubilados.
Explicó que se trata de un atropello en contra de los derechos y garantías constitucionales de las y los trabajadores del estado de Jalisco, cometido por el “desgobierno de Movimiento Ciudadano”.
El pasado 9 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco el decreto por el que se reforman diversos artículos y un artículo transitorio de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mismo que trae consigo varios cambios legales inconstitucionales.
El decreto aprobado por el Congreso del estado de Jalisco deteriora un derecho previamente adquirido por parte de las y los trabajadores de Jalisco, por lo que su aplicación es totalmente violatoria y contraria al principio de irretroactividad de la ley, expresó.
El decreto trae consigo un artículo cuarto transitorio que dice: Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto
establece.
La disposición anterior es claramente violatoria del artículo 14 de la Constitución, que manda que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de una persona.
“Ninguna ley puede trastocar un derecho adquirido, nuestra Constitución busca brindar a la sociedad una protección especial contra la promulgación de leyes que busquen modificar en su perjuicio su situación de hecho y derecho, es decir, busca que la población no se encuentre en una situación de incertidumbre frente a las normas mexicana”, subrayó.
Esta reforma, desde donde se vea, es un despropósito en perjuicio de las familias jaliscienses que pertenecen a este sistema de pensiones.
Por esta razón, exigió la legisladora al gobernador del estado de Jalisco, así como al Congreso local, a que actúen con el mínimo de decencia y reviertan estas disposiciones que no son más que ocurrencias en perjuicio de la gente para sacar a flote una pésima administración
pública.
Sabemos que, en protección a los derechos de las y los pensionados se están proponiendo ya juicios de amparo.
El argumento usado en Jalisco es deleznable pero apetecible para aquellos que quieren desaparecer por vía de un decreto el pago de pensiones. Lo transcribo: “Se reducen las pensiones por causa de utilidad pública”.
