El mes de octubre cierra agitado y noviembre viene más convulso, sobre todo en el tema político y judicial. Ayer el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares adelantó que el domingo dará a conocer a los integrantes del equipo para la Entrega-Recepción pero develó el nombre de quien encabezará esos trabajos: el exalcalde tuxpeño Manuel Muñoz Ganem, un férreo antifidelista, con lo que se confirma el proyecto para ir contra los tres últimos gobernantes: el innombrable, Javier Duarte y el interino, Flavino Ríos Alvarado.
Muñoz Ganem, quien también fue director administrativo del ISSSTE cuando Yunes Linares era su titular, fue atacado y difamado hasta el oprobio por el gobierno del impresentable, quien ordenó involucrarlo mediáticamente con el empresario Francisco Colorado, preso en Estados Unidos por ‘lavar’ dinero de un cartel del narcotráfico, con la intención de sacudirse él mismo sus nexos con ese personaje. No le funcionó y ahora viene la revancha.
Yunes Linares lo externó sin cortapisa: “va no solo por Duarte sino por toda la banda ” que asoló a Veracruz en los últimos doce años y anticipó que él personalmente participará en la revisión y auditorias de la Secretaría de Gobierno, dependencia en la que –según dijo- se habrían ejercido miles de millones de pesos de manera discrecional y además, en los últimos meses, se ha dedicado a destruir las pruebas documentales de los malos manejos. Esto debió poner los ‘pelos de punta’ a Flavino Ríos Alvarado, actual titular de la dependencia y quien estaría quemando y triturando documentos; al cordobés Gerardo Buganza Salmerón quien ocupó dos veces esa dependencia y al sureño Erick Lagos Hernández, diputado federal por Acayucan y considerado como el personaje más cercano al innombrable, su espía y operador de cabecera, así como el enlace con los grupos criminales. Entonces serán tres de tres. Tres exgobernadores a la picota y tres exsecretarios de Gobierno que también serán llevados a juicio.
Por otro lado, el fiscal general del estado, el amateco Luis Ángel Bravo Contreras, ya turnó a un juez la carpeta de investigación contra losexsecretarios del Trabajo y Seguridad Pública, Gabriel Deantes y Arturo Bermúdez. También se sabe que una de las primeras acciones que harán los nuevos diputados locales, quienes iniciarán funciones el sábado de la semana próxima, será ir por los diputados locales que en la última legislatura aprobaron las cuentas públicas y avalaron el desfalco financiero del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Los parlamentarios tendrían responsabilidad penal, porque a sabiendas de las denuncias judiciales abiertas y los señalamientos de corrupción, continuaron avalando las cuentas de Duarte, y también responsabilidad política pues además de la cárcel podrían ser inhabilitados para ocupar cargos como servidores públicos. En resumen, la ‘voladora’ alcanzará a más de tres exdiputados y el primero en ser llevado a juicio será el líder charro, Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Ya Yunes Linares se la cantó a Callejas Arroyo, líder de la bancada priísta y presidente de la Junta de Coordinación Política desde que se enfrentó a él meses atrás por la aprobación de iniciativas destinadas a blindar de manera transexenal a Duarte de Ochoa y tratar de dinamitar a la nueva administración. Hay que recordar que Callejas comparó a Yunes con el nazista Adolfo Hitler y con el dictador Victoriano Huerta. La respuesta del gobernador electo fue que “esa rémora con baja calidad política y moral” tendrá su respuesta a partir del primero de diciembre.
Vaya, el vetusto Callejas Arroyo, eterno cacique en la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podría enfrentar su defenestración de la vida pública en la entidad pues le apostó a Duarte y a la fidelidad, desobedeciendo la ortodoxia que siempre ha ensayado ese sindicato de no pelear la causa de los apestados políticos. La ambición le pudo le dieron mucho dinero en los últimos doce años y ahora el destino está a punto de alcanzarlo.
Por cierto, el enfrentamiento de Callejas con Yunes fue por la aprobación del decreto para ‘basificar’ a miles de empleados estatales, cuyo objetivo era dañar económicamente a la próxima administración, pero esa medida era tan improcedente que fue el mismo gobernante interino, Ríos Alvarado, el que tuvo que anularlo aún incluso antes de concluir el sexenio. O sea, Callejas se peleó por una causa perdida.
LOS APOCADOS
Desde el lunes pasado, Javier Duarte de Ochoa ya no es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue expulsado por la Comisión de Justicia Partidaria, ¿y cómo para qué? El asunto no es más que un fallido exorcismo partidista, los priístas quieren alejar un demonio que nunca fue uno de ellos. Duarte no fue un priista real sino de oportunidad, solo para acceder a los dos únicos cargos de elección popular que tuvo en su corta vida política.
¿A poco creen que el cordobés buscaría alguna candidatura después del desastre que resultó? Claro que no, y su expulsión no fue otra cosa que una catarsis y un intento fallido, obviamente- para deslindar al partido y al gobierno federal de tan corrupto personaje.
Por eso su repulsión del tricolor ni es noticia ni es algo suficiente, la nota será cuando procedan contra los otros cómplices que también ocupan cargos de elección popular amparados por las siglas del PRI.
Y hace exactamente un mes, cuando le suspendieron provisionalmente sus derechos partidistas a Duarte, los diputados federales de Veracruz estaban engallados, bastos y suficientes como para desafiar a la cúpula de su partido. Incluso dirigieron una carta al líder nacional, Enrique Ochoa Reza, recriminándole que esa acción era “injusta y desproporcionada”, además de estar basaba en señalamientos de los adversarios políticos.
Es más, deslizaron el amago de que si expulsaban a Duarte, ellos podrían renunciar en tropel al tricolor. Duarte de Ochoa, escribieron, “no se encuentra solo y cuenta con veinte diputadas y diputados federales veracruzanos”. Dos meses antes, en el mes de julio, suscribieron una primera carta dirigida a la opinión pública pero con el destinario real hacia el presidente Enrique Peña Nieto, en la que también defendieron al cordobés, sobre quien comenzaban a pesar las primeras acusaciones de corrupción.
A Duarte lo describieron como un “gobernante con una legitimidad irrefutable”, al que no dejarían solo ni permitirían que fuera objeto de una persecución ni judicial ni partidista. “Los legisladores veracruzanos que hemos aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en estricto apego a la ley, sin distorsiones ni venganzas derivadas de cálculos políticos”, le recordaron a Peña Nieto.
Y le advirtieron que “las 20 diputadas y diputados federales acompañaremos al gobernador Javier Duarte de Ochoa hasta la conclusión de su encargo constitucional el 30 de noviembre de 2016”. A la par, en la prensa local se filtraron las versiones ya mencionadas, de una desbandada en el tricolor e incluso llegaron a retar al Ejecutivo federal con que la bancada veracruzana votaría en contra del paquete presupuestal 2017, y juraron que pondrían de rodillas al gobierno federal pues ellos conformaban la fracción priísta más numerosa después de la del Estado de México.
Todavía hace un par de semanas, a inicios de octubre, los mismos legisladores intentaron presionar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desairando la convocatoria de su delegado en Veracruz, Isaac Ochoa Peña y exigiendo la destitución de todos los encargados de las delegaciones federales, a través del toluqueño Jorge Carvallo Delfín. El sainete fue una bravata para tratar de que Bucareli frenara las investigaciones sobre Duarte de Ochoa.
Los nombres de esos veinte diputados que se desgarraban las vestiduras por Javier Duarte de Ochoa son, además de Carvallo Delfín, Erick Lagos, Fidel Kuri, Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Edgar Spinoso, Nohemí Lagunes, Cirilo Vázquez Parisi, Sofía del Sagrario de León, María del Carmen Pinete, Miguel Ángel Sedas Castro, José Luis Sáenz Soto, Lilian Zepahua, Oswaldo Cházaro Montalvo, Adriana Saur, Carlos Quintón, Paulino Vázquez, Heidi Salazar y Javier Herrera Borunda.
Hoy, cuatro días después de que la Comisión de Justicia Partidaria expulsó a Duarte de Ochoa, ninguno de ellos ha salido a reivindicar su palabra empeñada sobre defender al cordobés e irse del partido en solidaridad con él.
Todos están agazapados, no salen de San Lázaro y evitan a la prensa como si fuera una cuestión de vida o muerte. Lo hacen porque al menos seis de ellos están implicados en actos de corrupción cuando se desempeñaron con funcionarios estatales.
En esa lista destacan Carvallo, Lagos, Abdalá, Mota, Spinoso, Kuri y Lagunes, además de Alberto Silva Ramos, quien hace unos días se reincorporó a la curul en el afán de tener fuero constitucional para evadir las órdenes de captura que se han de librar en su contra. Ellos fueron funcionarios del gabinete estatal y deben responder no solo por ser ladrones del dinero público sino algunos también por estar involucrados en delitos más graves porque son corresponsables del baño de sangre que se registra en Veracruz.
Tampoco ninguno de ellos habla, la cobardía los gobierna, aunque el silencio no los salvará de su destino. Tarde o temprano tendrán que ser puestos frente a un juez para que respondan por los delitos cometidos, y si no es el gobierno federal será el gobernador Yunes Linares, quien los lleve al banquillo de los acusados.
POR: ANDRÉS TIMOTEO
