México.– Daniel Gershenson y Arturo Arango Durán son dos mexicanos que no se conocen entre sí, pero que comparten un mismo punto de vista sobre un tema peculiar para el que ambos promueven una misma solución: uno a través de grupos de activistas, organismos internacionales y defensores de las libertades civiles, el otro, a través de la Internet.
Lo que estas dos personas buscan desde su trinchera es la implementación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en México (CICIM), y la corrupción, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), similar a la que funciona en Guatemala –conocida como CICIG– y gracias a la cual fue posible llevar a juicio al recientemente desaforado presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, por un caso de corrupción.
“Hay que debatir el tema con expertos de otros países para que esto no quiera luego tomarse como que es una intervención extranjera. Lo que estamos buscando algunos ciudadanos y organizaciones es que se abra al más alto nivel y en todas las esferas el debate para que funcione un organismo similar al de Guatemala, que ya ha comprobado su eficacia, aun cuando solo es coadyuvante y no participa en la toma de decisiones”, expresó Gershenson.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países evaluados en materia de combate a la corrupción, lo cual significa que está reprobado. Cansado de ver como todos los días brotan en los medios de comunicación escándalos de corrupción y conflicto de interés que involucran al Gobierno de Enrique Peña Nieto, sus funcionarios, parientes y empresarios –principalmente del ramo de la construcción– Arturo Arango abrió en la plataforma Change.org una petición dirigida a la Cámara de Diputados para que sea el Legislativo quien gestione ante la ONU la integración de un organismo independiente que combata este delito.
“La corrupción y la impunidad van desde empresarios y banqueros, hasta instituciones tan reconocidas en México como el Ejército. Así hemos presenciado ejecuciones extra judiciales como desapariciones y secuestros en gran escala donde, generalmente, algún funcionario de alto, mediano o bajo rango aparece involucrado”, añade.
NO PUEDE SÓLO
Actualmente, en México es imposible juzgar al Presidente por casos de corrupción. Por ello, el pasado 5 de septiembre el ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador sugirió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de la Unión presentar una iniciativa de reforma constitucional en la que se contemple juzgar al Primer Mandatario por corrupción e influyentismo.
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