El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi ), Simón Neumann, anunció recientemente que en poco tiempo se dará inicio al “proceso oficial y participativo para la revisión y actualización del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU)” de la ciudad. El actual PGDU, vigente a pesar de constantes modificaciones a través de los años, fue publicado en la Gaceta Oficial del DF el 31 de diciembre de 2003. Es decir, hace 11 años. Es importante saber si el “proceso oficial” a punto de abrirse implica un PGDU totalmente nuevo, o si será simplemente una revisión del actual con “modificaciones pertinentes”.
La diferencia es importante, pues la actual administración del GDF ha dicho, en la página oficial de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV que “en los últimos 16 años la planeación urbana en el Distrito Federal obedeció a un propósito eminentemente recaudador y no a un modelo de desarrollo que fomentara la reasignación de recursos económicos a su zona de origen; las vocaciones económicas y sociales de los barrios no eran consideradas detonadores del desarrollo”. Es decir, de un plumazo, la presente administración, de extracción perredista, descalificó totalmente el modelo de desarrollo urbano de las anteriores gestiones perredistas, empezando con la jefatura de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.
Lo anterior nos permite suponer que estamos ante un nuevo modelo de desarrollo urbano, que propondrá la nueva administración. Para poder hacer una primera evaluación, veamos sus acciones y propuestas en este primer año de gobierno. Por ejemplo, sobre el uso de los 60 millones de pesos recaudados por el GDF en este primer año, por concepto de transferencia de potencialidades, polígonos de actuación, publicidad exterior, entre otros conceptos, fueron aplicados para el “mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural urbano”, según anunció el secretario de Seduvi en su comparecencia ante la ALDF el 21 de octubre de 2013. Es decir, no se percibe ningún interés oficial por aplicar los recursos a su “zona de origen”, contrario a la intención manifiesta de esta administración.
Al hablar acerca del nuevo PGDU, el propio secretario ha planteado, entre otros, tres objetivos centrales. Uno es la localización de programas estratégicos que permitan que la ciudad crezca verticalmente. Otro refiere a la reducción de desigualdades socioeconómicas expresadas y reproducidas por el territorio, para hacer una ciudad equitativa. Un objetivo último es hacer cambios que permitan crear ciudades dentro de una misma, donde se fomente la vivienda cerca de los lugares de trabajo.
Sin haber siquiera avanzado en la discusión de un nuevo PGDU, la actual administración está promoviendo diversos proyectos zonales que implican, en su parte nodal, la modificación extendida de los usos de suelo utilizando los resquicios que da el actual PGDU y los Programas Delegacionales de Desarrollo. Las Zodes van a permitir los cambios de usos de suelo a favor de nuevos desarrollos, incluyendo la narrativa oficial de que los propietarios de predios podrán asociarse y “poner a disposición” sus terrenos para dichos proyectos. Reportes periodísticos dan cuenta de quejas vecinales por las presiones recibidas por parte de los desarrolladores, quienes ven aproximarse cambios extendidos en usos de suelo, para poder construir verticalmente.
En la Ciudad de México, aproximadamente el 70% de los ocupantes de vivienda son arrendatarios, no propietarios. Por tanto, no son sujetos de convenios para poner a disposición de propiedades, mientras sí lo es una minoría que decidirá sobre el uso de sus propiedades.
Lo mismo ocurrirá con los programas especiales en la Doctores, Granada y la zona de la Basílica de Guadalupe, donde habrá un proceso de cambio de usos de suelo para verticalizar zonas de la ciudad. El problema no es el planteamiento de modernizar o verticalizar zonas de la ciudad, sino que este planteamiento entra en contradicción con la intención de hacer la ciudad más equitativa, pues los procesos abiertos van a desplazar grandes poblaciones de bajos recursos. Según INEGI hay más de 100 mil viviendas de interés social desocupadas en el Estado de México. ¿Es proyecto del GDF expulsar esa cantidad de población del DF y lograr que emigre al Edomex? ¿Esta es la nueva visión metropolitana que requiere el Valle de México?
Lo cierto es que los procesos urbanísticos en curso promueven la exclusión en la ciudad, mismos que no se frenarán con un nuevo PGDU propuesto por el gobierno. Más bien, es de suponer que esa reglamentación le dará un marco jurídico definido. Por todo lo anterior, es necesario rediseñar el concepto de desarrollo urbano basado en diversidad social, sustentabilidad y bien común y rechazar la expulsión como método de rediseño de la vida capitalina.
