Hace poco se cumplieron los primeros 100 días del nuevo gobierno. El asunto mereció un acto encabezado por el Presidente y mucha atención mediática. Se hicieron múltiples evaluaciones sobre el comienzo del sexenio. En general hubo coincidencia en los distintos analistas: empezó bien. Es cierto. Si uno examina los aspectos positivos de las primeras acciones de gobierno y las negativas, me parece que el saldo es a favor. Esto no significa, sin embargo, que hay que descorchar el champagne. Hay que ser cautos porque esto apenas comienza.
Un sexenio es como una carrera de maratón: larga y desgastante. El periodo sexenal es de dos mil 190 días. Esto quiere decir que los primeros 100 días representan 4.57% del total. En términos de un maratón, estaríamos hablando que Peña habría avanzado un kilómetro 927 metros de un carrera de 42 kilómetros 195 metros. Va bien, pero lejos está de terminar bien.
De hecho hay ejemplos de sexenios que comenzaron muy bien, pero acabaron muy mal (el de Salinas) y ejemplos de administraciones que empezaron con tropezones, pero que cerraron excelente (el de Zedillo). Lo ideal, desde luego, es empezar bien y mantenerse así toda la carrera, aunque es muy difícil por lo largo del maratón y los múltiples escollos que aparecen en el camino. Amén de las pendientes o del desgaste propio de una carrera tan larga.
Son varios los aspectos positivos del comienzo de este sexenio. Destaca la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa que incluyó la encarcelación de Elba Esther Gordillo. El gobierno operó impecablemente este asunto tanto jurídica, política, como comunicativamente. La detención de la supuestamente poderosa líder sindical no ha generado, hasta ahora, una reacción desestabilizadora con movilizaciones, paros o afectación de la vida escolar. Las escuelas públicas están operando igual que el día anterior al arresto de Gordillo.
La estrategia educativa también incluyó una reforma constitucional que sienta las bases para tener un sistema más meritocrático que político. Falta ahora lo más importante: una ley secundaria y reglas de operación que efectivamente promuevan la mejora de las escuelas en México. El comienzo, sin embargo, ha sido correcto.
El otro gran logro de esta administración ha sido la presentación de un nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones. Peña demostró voluntad y talento para enfrentarse a grupos de interés muy poderosos como son el cuasi-monopolio del hombre más rico del mundo (Carlos Slim) y el duopolio de la televisión abierta (Televisa y TVAzteca). Dicha legislación, que también ha comenzado con una reforma constitucional, está discutiéndose en el Congreso.
Para sacar adelante estas dos reformas, Peña contó con el apoyo del PAN y PRD en el Pacto por México. No podemos menospreciar la capacidad de negociación del gobierno con los dos grupos hegemónicos dentro del PAN y del PRD para sacar adelante estos acuerdos. Esto le ha dado un tono de cooperación política al arranque del sexenio que ha sorprendido a muchos, incluyendo el que escribe estas líneas. Después de muchos años de reyertas partidistas, finalmente estamos viendo que es posible que los partidos se pongan de acuerdo por lo menos para enfrentar a grupos tan poderosos como el sindicato magisterial o las empresas del sector de telecomunicaciones.
Hay otros logros de esta administración como la reforma a la Ley de Amparo, el cambio de la narrativa presidencial (de un país en guerra contra el crimen organizado a uno que está transformándose para obtener un mayor crecimiento económico), el buen manejo de la explosión accidental en Pemex y la eficaz operación para sacar adelante la última Asamblea del PRI alineada a la agenda del Presidente. Como era de esperarse, esta administración también ha tenido errores. Destacan tres. Primero, la presentación de las declaraciones patrimoniales de Peña y su gabinete que generaron más dudas que certezas, sobre todo por el reporte de varias donaciones que recibieron algunos funcionarios incluyendo al Presidente. Segundo, la vergonzosa condonación que el gobierno le hizo a los gobiernos de los estados y municipios de los pagos del Impuesto sobre la Renta. Y, tercero, la falta de una estrategia en materia de seguridad para atacar la violencia que persiste en el país. En este rubro, es increíble que el gobierno no haya sido capaz de publicar el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación para integrar en definitiva a la ex Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal a esta dependencia.
