Por: Andrés Timoteo / columnista
El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, se registró ayer como precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República. Fue el ritual del siempre: los 10 mil acarrados, las porras y gritos, la presencia de toda la nomenclatura partidista así como la evasión de la competencia interna con la figura del “candidato de unidad”, ya que no hubo otro inscrito.
Los priistas más ‘rebeldes’, entre ellos la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, fueron ‘planchados’ debidamente al igual que los otros aspirantes a esa candidatura en el gabinete, entre ellos el más aventajado en las encuestas y político de viejo cuño, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, todavía secretario de Gobernación. El ungido es Meade, aunque no sea priista, y eso fue lo único que cambió, la novedad en el viejo partido.
En el PRI están tan llenos de impresentables que tuvieron que echar mano de un ‘outsider’, como lo llaman los mercadólogos de la política -un externo, pues- para portar las siglas en los comicios de 2018 y tratar de engañar al electorado con un cambio que no cambia nada. A la par se echó a andar la maquinara discursiva con adjetivos que provocan risa. Por ejemplo, algunos ‘queda-bien’ ya lo llaman “el candidato de la esperanza” y otros “el arquitecto del País”.
Otro más lo describen como el abanderado de los nuevos tiempos que no milita en el tricolor, pero que tiene tanto potencial que el partido decidió romper la tradición y lo postulará como abanderado sobre su propia gente. Es más, hay osados que lo definen como “el verdadero candidato ciudadano”. Y Meade Kuribreña sigue la comparsa de palabras y promesas fáciles, como el prometer que convertirá a México en una potencia mundial.
¿No es lo mismo que decía Carlos Salinas de Gortari cuando engañó a todos –los que se dejaron- de que ya vivían en el llamado ‘primer mundo’? Meade no puede negar su vena ni la retórica neoliberal, aunque su lado flaco tiene que ver sobre todo con lo ético y moral.
Ayer, en su discurso tras recibir la constancia como precandidato formal, soltó una perla verbal al prometer que será el Presidente del combate a la corrupción. “Habrá combate frontal y definitivo a la corrupción, ni un sólo peso al margen de la ley y ningún privilegio más que el de ser mexicano”, manifestó.
Lo dice Meade, quien colaboró con dos de los presidentes más corruptos en la historia de México, el actual Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón, pero ahora habla de corregir lo que fue una norma de Gobierno del que formó parte en los últimos doce años. Meade, dice que combatirá la corrupción, pero guardó silencio frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto y a la casa de Malinalco, de su exjefe directo, Luis Videgaray. Asegura que no habrá “un peso al margen de la Ley”, pero como secretario de Hacienda validó contratos y pagó millones de pesos a empresas como OHL, Grupo Giga y Odebrecht.
Además, ¿cómo creerle a Meade Kuribreña que será diferente si un día antes acudió a una encerrona con 14 dirigentes del nacional del PRI, en una especie de bautizo legitimario para alguien que no es priista y hasta prometió que aprovechará su experiencia?, ¿cuántas condenas de cadenas perpetuas no sumarían esos 14 exlideres priistas allí reunidos?, y lo nodal, ¿cómo creerle al ‘outsider’ Meade que quiere lo mejor para México si se postula por el PRI?
MEGA-GASOLINAZO
Y hablando del ínclito, desde el jueves pasado se liberó en Veracruz y otros estados del País el precio de las gasolinas y el diésel, lo que el más grande de todos los ‘gasolinazos’. No hay que olvidar que el autor de esa propuesta de liberación del precio de los combustibles fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por la dupla Videgaray-Meade ni que en octubre de 2016, los diputados y senadores, abalaron esa tarascada contra la economía popular.
La paternidad del mega-gasolinazo es de José Antonio Meade y Luis Videgaray, pero los padrinos fueron los legisladores, traidores del pueblo, entre ellos los senadores veracruzanos José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa y Fernando Yunes Márquez. Ellos aprobaron un plan escalonado de liberación de precios con cinco etapas. La primera comenzó 30 de marzo para liberar los precios en Baja California y Sonora. La segunda fue el 15 de junio para los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, Durango.
La tercera fue el 30 de noviembre e incluye las entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En menos de un mes, el 30 de diciembre se dará la quinta etapa para liberar precios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
¿Y qué significa la liberación de los precios del combustible? Que la gasolina y el diésel ya no estarán controlados por el Estado y su precio se deja ‘flotar’ al libre mercado, es decir subirá o bajará conforme a la demanda internacional sin atenerse al tiempo ni al espacio.
Así, por la mañana el litro de gasolina puede tener un precio y por la tarde otro, y México que es productor podría tener un precio mucho más caro que Italia que no es productor. Se estima también que podrían registrarse escaladas súbitas en el precio debido a la especulación y el manipuleo de los mercados internacionales.
Algunos analistas dice que en breve tiempo México podría igualar los precios de Europa donde el litro de la gasolina oscila entre 1.5 y 2 euros, es decir entre los 33 y 44 pesos, casi el triple de lo que vale actualmente en promedio. El Gobierno ya no intervendrá para detener la escalada del precio y con ello se dará un alza generalizada de todos los productos y servicios básicos. Subirá el precio desde el boleto de pasaje hasta la mercancía de la tienda. La forma simple es: liberación de precio, igual a inflación e inflación es igual a más pobreza. Y el padre de todo eso se llama Meade Kuribreña, ¿alguien se atreverá a darle el voto?
¿PERDONAR A LOS NARCOS?
Tema escabroso y aventurado fue el que tocó el fin de semana el virtual candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que de llegar a Los Pinos podría decretar una amnistía para los capos de los carteles del narcotráfico. Una amnistía es el sinónimo de un perdón oficial, que la justicia del Estado no los tocará.
Los señores del narco si se rinden y dejan de generar violencia, podrán retirarse tranquilamente a sus casas y vivir como cualquier otro ciudadano sin que nadie les pida cuentas por sus crímenes. Esa es la amnistía que anticipa el tabasqueño: “Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, dijo desde Guerrero, uno de los estados más castigados por la “ola” delictiva.
Fue como patear un avispero pues todos los actores políticos y líderes de opinión se le fueron encima al líder de Morena por tal exabrupto. Perdonar a narcos y olvidar los 130 mil muertos, los 30 mil desaparecidos y el casi un millón de desplazados por la violencia, es algo que cala fuerte. Ya lo experimentó el sacerdote Alejandro Solalinde quien fue tacleado en el tapete mediático en julio de 2011 cuando pidió perdón a los “hermanos Zetas” y los llamó víctimas en lugar de victimarios.
“Quiero pedir públicamente perdón a ‘Los Zetas’, perdón a todos los delincuentes y a todos los hermanos funcionarios porque nosotros les hemos fallado, antes que violadores, son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles valores”, dijo en una homilía celebrada en Coatzacoalcos, al sur de la entidad.
La política del perdón es algo muy complicado, aunque cuando también es un instrumento para sanear a la sociedad. Se trata del perdón social o colectivo y por lo regular se apela cuando ya pasó un conflicto, cuando hay un rumbo hacia la llamada justicia transicional. El País que, tal vez, más ha avanzado en un perdón social es Sudáfrica luego de un largo proceso para superar el racismo de Apartheid –la política oficial de segregación racial-.
Empero, hasta la fecha, amnistiar a narcotraficantes no ha dado resultado para pacificar a la sociedad y Colombia es un ejemplo cuando el Gobierno negoció y ofreció amnistía a los capos de la droga, los jefes de los paramilitares y de la guerrilla. Los intentos fracasaron, hubo capos del narco que se entregaron e incluso fueron llevados a prisión “por voluntad propia”, pero convirtieron a los penales en sus oficinas de operación porque todo siguió igual, los carteles traficando con droga y sembrando violencia, mientras los “jefes” eran cuidados por el Estado en sus celdas para que nadie los molestara.
Hablar de conceder la amnistía a los capos del narcotráfico lastima a las víctimas porque un perdón oficial equivale a echar a la basura las demandas de justicia, banalizar la tragedia y desproteger a los damnificados. En el País hay un grito generalizado desde hace décadas y que se agudizó en los últimos años por la violencia del narcotráfico: ¡Ni perdón ni olvido! Entonces, la propuesta de López Obrador es una especie de desatino que seguramente le traerá secuelas para la contienda electoral de 2018. ¿Quién votará por el que pretende perdonar a los narcos que han enlutado a miles de hogares?
