Con miras a organizar la afluencia de trabajadores indocumentados hacia Estados Unidos, se crearon dos tipos de visas especiales, la H2A y la H2B, que otorgan permiso temporal para trabajar en Estados Unidos a migrantes que van al sector agrícola y al sector servicios, respectivamente.
Recientemente se leyó en los medios una noticia bastante lamentable en el sentido de que las autoridades mexicanas competentes deben tomar acción inmediata, la llamada “venta” de visas H2A. Existen desgraciadamente personas sin valores que aprovechan la menor oportunidad para explotar a sus congéneres.
Éste es el caso que denuncian organizaciones como el Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, las cuales desde 2010 han venido realizando una investigación que incluyó entrevistas con jornaleros agrícolas que han trabajado en Estados Unidos o tienen intenciones de hacerlo mediante la obtención de una visa H2A.
Algunos de los temas más dolorosos que han encontrado tienen que ver con el abuso del que muchos de ellos son objeto por parte de extorsionadores, que aprovechando la falta de información de los jornaleros agrícolas, intentan “venderles” la visa H2A, prometiéndoles guiarlos por un proceso que, argumentan, es muy complicado o inscribirlos en una supuesta “lista de espera”.
El estudio de referencia señala que “el 42.6% de las personas entrevistadas reportaron haber tenido que pagar por recibir una oferta de trabajo u obtener el trabajo, hasta 4 mil 500 pesos”. Además de haber pagado por el transporte, en el 61% de los casos.
Estas erogaciones son absolutamente ilegales y reprobables, pues compete por ley al contratante la obligación de cubrir los gastos de transportación y los trámites de visa, así como garantizar un salario justo y vivienda para los jornaleros.
El problema, a no dudar, radica en la ignorancia de estas cuestiones por parte de muchos de los jornaleros agrícolas y, en este sentido, se hace urgente que las autoridades competentes difundan la existencia de este programa de visas para trabajadores indocumentados, alentándolos incluso a denunciar a quienes pretenden extorsionarlos.
Por otra parte, es un hecho que los trabajadores mexicanos indocumentados cada vez se dirigen menos al sector agrícola y más al sector servicios, por lo cual me permito otra recomendación al respecto. Sería altamente deseable que la nueva administración mexicana negociara con la estadunidense un incremento en el número de visas H2B disponible para México, dado que este programa solo emite 66 mil visas anuales, beneficiando a 58 países, incluido el nuestro.
Algunos argumentos que podrían esgrimirse para favorecer a nuestros trabajadores temporales que se desempeñan en servicios como hotelería, construcción, limpieza, etc., tienen que ver con temas como la vecindad, la existencia de un Acuerdo de Libre Comercio que funciona bien, el desarrollo —si bien por momentos accidentado— de una cooperación amplia entre México y Estados Unidos y la estabilidad mexicana, que es de vital importancia para ese país.
Cierto, una vez más toca reconocer que la obligación de proporcionar empleos para los mexicanos compete a los mexicanos, pero también es importante reconocer que hay necesidad de mano de obra en Estados Unidos que nuestros trabajadores, tanto en el campo como en las zonas urbanas, tradicionalmente han desempeñado y hasta son reconocidos por la calidad de su fuerza laboral.
Si los presidentes Obama y Peña se refieren a una especie de comunidad norteamericana, es mi opinión que una manera de irla construyendo debe pasar por una suerte de preferencia obligada por los insumos mexicanos sobre otros, particularmente extra continentales.
