AGENCIA
CDMX.- El gobierno de México busca recuperar más de 18 millones de dólares de la supuesta “red de corrupción y lavado de dinero” que tejió Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Los 18 millones de dólares corresponden a la suma del valor de mercado de 19 propiedades inmuebles en Florida, Estados Unidos, que, según lo que la dependencia federal afirmó ayer en una tarjeta informativa de 11 cuartillas, están aseguradas judicialmente en el proceso civil que el gobierno de México tiene radicado en EU.
La UIF informó que actualmente hay 87 personas relacionadas con García Luna que tienen 387 cuentas bancarias bloqueadas con un total de 6 millones 962 mil 52 pesos y 90 mil 752 dólares, además, de las 11 cuentas a nombre de García Luna, por un monto de 21 mil 255 57 pesos.
En la tarjeta informativa de la UIF se menciona que entre los bienes muebles identificados en el proceso se detectaron 42 vehículos a nombre de las personas físicas y morales demandadas que estarían en la red de corrupción de García Luna y que presumiblemente compraron esos vehículos de lujo con recursos ilícitos.
Entre la lista de autos están un dos Lamborghini, unos Huracán 2017 y otro Gallardo Spyder de 2008; un Ferrari F430 Spider de 2007; un Maserati Levante de 2017; un Tesla Model X de 2017; un Bentley Convertible Continental GTC 2011; un Jaguar Sedan 2011; tres Mercedes Benz 2011; otro GL450 2012, más un modelo 2005, además de dos motocicletas Harley Davison.
De acuerdo con la información de la UIF, hay ocho personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita por la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna, así como 44 personas físicas.
Además del exfuncionario federal, las otras personas demandas en Florida son Linda Cristina Pereyra; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto; Natan Wancier Taub; José Francisco Niembro González, y Martha Virginia Nieto Guerrero.
Explica la UIF que durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”.
La dependencia a cargo de Pablo Gómez reiteró en su tarjeta informativa que bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
Las investigaciones de la UIF dieron a conocer los beneficios obtenidos ilegalmente por García Luna y su red de corrupción fueron transferidos al extranjero a través de mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio estadunidense, específicamente en Florida.
“El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”.
Recordó la UIF que el gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
