Agencias
Texas.- El Gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, presentó una acusación contra la empresa Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, por presunto lavado de 47 millones de dólares provenientes del crimen organizado mexicano, específicamente a través del contrabando de combustibles robados. El caso está relacionado con la red de huachicol fiscal detectada tras el decomiso del megabuque Challenge Procyon en Tamaulipas.
Según documentos de la Corte de Distrito de Utah, Arroyo Terminals—propiedad de la familia Jensen, originaria de ese estado—habría participado en una red de tráfico de hidrocarburos que operaba entre México y Estados Unidos. Las investigaciones del FBI revelan que la empresa recibía y comercializaba “diésel negro”, un producto sustraído ilegalmente de ductos de Pemex y refinado clandestinamente para su venta en ambos países.
Los operativos encabezados por el FBI en instalaciones de la empresa en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, Texas, resultaron en el decomiso de al menos 20 pipas con combustible, documentos incriminatorios y el congelamiento de cuentas bancarias y bienes valuados en 300 millones de dólares, incluyendo una mansión en Utah. La familia Jensen también enfrenta cargos por participar en un esquema de “huachicol fiscal”, que consistía en exportar combustible subvaluado para evadir impuestos en México.
Jensen, su esposa Kelly Anne y sus hijos Max y Zachary fueron arrestados el pasado miércoles en Utah y liberados bajo fianza en Brownsville. Su próxima audiencia está programada para el 29 de abril.
