Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que promete reformar el sistema electoral del país. La medida busca exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse en las elecciones federales y establece que todas las boletas deben ser recibidas antes del día de las elecciones. En un contexto político altamente polarizado, esta decisión ha generado aplausos y críticas en igual medida, prometiendo desatar un nuevo capítulo en el debate electoral estadounidense.
Trump justificó su orden al señalar que Estados Unidos ha fallado en hacer cumplir “protecciones electorales básicas y necesarias”. La orden también incluye una estricta advertencia: los estados que no cumplan con las nuevas normativas podrían enfrentar la pérdida de fondos federales. Sin embargo, la medida podría ser impugnada por grupos defensores de los derechos electorales, quienes alertan sobre posibles barreras para miles de votantes, especialmente aquellos sin prueba de ciudadanía disponible.
En particular, la inclusión de la prueba de ciudadanía como requisito genera controversia, ya que se estima que aproximadamente el 9% de los votantes elegibles no tiene acceso a la documentación requerida. La medida podría despojar de su derecho al voto a millones de estadounidenses, incluidas mujeres casadas que han cambiado su apellido.
Aunque algunos republicanos han respaldado la reforma, viéndola como un paso hacia la restauración de la confianza en el sistema electoral, varios expertos constitucionales señalan que la medida podría enfrentarse a desafíos legales, dado que la Constitución otorga a los estados la autoridad principal sobre la administración de elecciones.
Los legisladores republicanos, como Brad Raffensperger de Georgia, han celebrado la orden, viéndola como un primer paso hacia la integridad electoral. Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de controversias y podría dar pie a intensas batallas legales en los próximos meses.
Mientras tanto, Trump sigue cuestionando la integridad del sistema electoral, argumentando sin evidencia que las elecciones anteriores estuvieron marcadas por un fraude masivo. Esta orden podría ser solo el principio de una serie de acciones que, según él, buscarán restaurar la confianza en el proceso electoral de Estados Unidos.
El tiempo dirá si estas reformas logran su objetivo de proteger las elecciones o si, por el contrario, profundizan la división política en el país. ¿Será este el inicio de un sistema electoral más seguro o el preludio de nuevas disputas legales?
