La administración de Donald Trump ha dado un paso significativo en su enfoque migratorio al anunciar la revocación del estatus legal temporal de más de medio millón de migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un programa implementado durante la era Biden. Según un aviso publicado el viernes en el Registro Federal, el gobierno planea eliminar la libertad condicional humanitaria y los permisos de trabajo para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes fueron autorizados a viajar directamente a EE. UU. tras solicitarlo desde el extranjero.
Aproximadamente 532 mil personas fueron beneficiadas por esta política, pero aún se desconoce cuántas de ellas mantienen ese estatus legal, según el Departamento de Seguridad Nacional. Aquellos que no cuenten con otro estatus legal tendrán que abandonar el país o enfrentar deportaciones a partir de finales de abril. Este cambio también afecta a venezolanos y haitianos que estaban bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual ya no será extendido.
Este nuevo enfoque es una escalada en la ofensiva migratoria de Trump, quien ha criticado abiertamente los programas de la administración Biden, calificándolos de ilegales y como políticas de fronteras abiertas. El programa de libertad condicional, conocido como CNHV, fue lanzado por Biden en 2023 como una alternativa legal para evitar los peligrosos cruces fronterizos, como el Tapón del Darién.
El cambio de política, que afectará a migrantes que ingresaron legalmente y no tienen antecedentes penales, refleja la promesa de Trump de poner fin a la inmigración ilegal en la frontera sur y realizar la mayor deportación en la historia del país. Desde que asumió el cargo, se han realizado más de 30 mil arrestos de personas sin estatus legal, con un enfoque en infractores graves, aunque algunos arrestos han involucrado a migrantes que solo carecen de estatus migratorio legal.
Por otro lado, se ha reportado que la administración Trump está desmantelando las agencias de control interno del Departamento de Seguridad Nacional, incluidas aquellas encargadas de supervisar los derechos civiles, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y legisladores.
Esta nueva medida llega en un momento en que los arrestos en la frontera han disminuido a cifras históricas bajas, con solo 8,300 arrestos en febrero, el mínimo mensual en décadas. Sin embargo, la administración sigue adelante con su agenda migratoria, preparándose para lo que algunos temen sean deportaciones masivas en los próximos meses.
