Agencias
Washington, D.C. – El expresidente Donald Trump firmó un memorando que autoriza a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a controlar tierras federales a lo largo de la frontera con México, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y avanzar en la construcción del muro.
La orden ejecutiva fue dirigida a cuatro jefes de agencias federales: el secretario del Interior, Doug Burgum; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. El documento les instruye a ceder jurisdicción sobre terrenos públicos al Departamento de Defensa para su uso con fines militares.
Entre los territorios afectados destaca la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que corre paralela a la frontera sur. Esta zona, ahora bajo control militar, será utilizada para instalar tecnología de vigilancia, infraestructura de seguridad y eventualmente ampliar el muro fronterizo. Las reservas indígenas federales han sido excluidas de esta medida.
Zonas de “retención” y cuestionamientos legales
El memorando también faculta al secretario de Defensa a determinar qué operaciones militares son necesarias y a extender esta autoridad a otras tierras públicas si se considera conveniente. Además, plantea la creación de “áreas de retención” para migrantes que crucen ilegalmente por estos tramos, donde permanecerán bajo vigilancia militar hasta ser entregados a autoridades migratorias.
Este movimiento ha generado críticas y cuestionamientos legales, particularmente por un posible conflicto con la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso del Ejército en tareas de seguridad interna. No obstante, al redefinir estas zonas como instalaciones militares, la administración Trump busca eludir dicha restricción.
La decisión representa un cambio drástico en la política migratoria estadounidense y reabre el debate sobre el uso del Ejército en funciones tradicionalmente asignadas a cuerpos civiles. Mientras tanto, se espera que organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales analicen el alcance constitucional de esta medida.
