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Tribunal ratifica negativa de orden de captura contra García Luna

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AGENCIA

Nacional.- La Fiscalía General de la República (FGR) enfrentó un revés después de que un Tribunal Colegiado ratificara la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López de denegar una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta implicación en un caso de enriquecimiento ilícito.

Ante esta decisión, la FGR anunció su intención de tomar medidas legales en contra de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito y el juez Alarcón López, alegando que su actuación fue contraria a la administración de justicia.

La FGR previamente había obtenido una orden de aprehensión de un juez de control en relación con la investigación de García Luna por presunto enriquecimiento ilícito, que involucraba más de 43 millones de pesos no declarados en sus registros fiscales y patrimoniales. Esta evidencia se basaba en investigaciones periciales contables.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito determinó que la orden de aprehensión debía ser negada, a pesar de la evidencia de un patrimonio desproporcionado e injustificado en comparación con sus ingresos lícitos, lo que, según la FGR, viola los principios de legalidad y debido proceso.

El tribunal, compuesto por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, fundamentó su decisión en la interpretación del artículo 224 del Código Penal Federal en vigor en el momento de los hechos.

En respuesta, la FGR declaró que iniciará procedimientos legales contra el Juez de Distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, así como contra los magistrados que confirmaron esa negación, por lo que considera una actuación en perjuicio de la administración de justicia.

“Ahora el mismo gobierno está sufriendo las consecuencias de cómo los magistrados tuercen la ley para proteger a los delincuentes. Una porquería el estado de derecho mexicano, corrupto e impune.”

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