Las discusiones de la Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados, y las que se han dado en torno a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), han evidenciado, otra vez, el egoísmo e incluso la avaricia de los legisladores. A pesar de sus quejas, los partidos políticos de oposición no han sido capaces en ceder entre unos y otros, armar un bloque y ser realmente un fiel que equilibre una balanza cuyo peso se inclina a favor de los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites: el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), y en este caso sumado el Partido Acción Nacional (PAN).
En las Cámaras Baja y Alta ambas legislaciones fueron avaladas esta semana, con el argumento de que, por fin, los ciudadanos se podrán empoderar ante los abusos y excesos de la clase política. Sin embargo, tanto los legisladores de los partidos oficialistas como los de la oposición ofrecieron disculpas a la sociedad por no haber logrado las reformas que realmente exigen los ciudadanos en México, hartos de la opacidad, de la falta de rendición de cuentas, de la corrupción y de la impunidad.
Durante la discusión de la Ley General de Transparencia, la Diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT) lo resumió de esta manera: Nadie demerita los logros para fomentar la participación de la sociedad civil, lo que se critica es “el derecho que se le da al consejero jurídico [de la Presidencia] para negar información basado precisamente en el concepto de seguridad nacional y, sobre todo, en lo que tiene que ver en la materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
En esa Cámara, la Ley General de Transparencia se aprobó con dos meses de retraso, respecto al plazo que los mismos legisladores se dieron. Aun así no le movieron un renglón. Y, por supuesto, tampoco tomaron en cuenta las recomendaciones de expertos de la sociedad civil, principalmente de la organización Artículo 19 y Fundar, que advirtieron como riesgosos de la legislación secundaria: la ambigüedad para transparentar las averiguaciones previas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Mientras que en el Senado, algunos legisladores de izquierda advirtieron que la minuta aprobada y con la cual se creará el Sistema Nacional Anticorrupción no está completa si no se incluye la figura presidencial como uno de los actores políticos susceptibles de ser investigados, y mientras el Ejecutivo federal siga blindado por la mágica fuerza que otorga en México el fuero constitucional.
La discusión se dio en medio de los constantes escándalos del primer círculo del gabinete presidencial y del propio Presidente Enrique Peña Nieto y las dudas sobre enriquecimiento ilícito y conflictos de interés, reflejados en la compra de millonarios inmuebles como la “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa del Primer Mandatario, la residencia en un exclusivo club de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como las sospechas que se han cernido sobre otros integrantes del Gobierno federal.
No obstante, los senadores del PRI y del Partido Acción Nacional optaron por no hacer referencia a estos escándalos y prefirieron señalar los beneficios de la minuta con la que se creará el SNA.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que la izquierda mantendrá su posición para eliminar el régimen de excepción al Ejecutivo federal: “Un fuero que impide que el Ejecutivo federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción”, sostuvo.
El legislador insistió que el fuero convierte al Presidente y a los servidores públicos en ciudadanos de excepción, pues son intocables respecto a las leyes que deben cumplir los otros ciudadanos.
Entonces de poco servirán los cambios si están hechos a medias: sí aceptamos la transparencia y la rendición de cuentas pero hasta cierto límite, y el límite es la Presidencia de la República, es lo que dicen los legisladores con sus acciones.
Pero así, a medias tintas, esas reformas no sirven. Los políticos olvidan que la información es de todos, de la sociedad mexicana que paga sus sueldos e incluso sus lujos y extravagancias, por eso escamotearle el cómo, en qué y quién se gasta los recursos públicos, se los roba o los dilapida no debe esconderse tras al pretexto de la “seguridad nacional” sino de una “urgencia nacional” para evitar que esos maleantes sigan haciendo de las suyas.
¡Feliz inicio de semana!
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