Traban disidentes venta de la CIVSA

C. Mendoza.- Cerca de 200 obreros disidentes encabezados por el comisionado especial José Torres Serrano y el Ayuntamiento traban el proceso de adjudicación de la fábrica CIVSA, y por tanto la compra-venta, al incumplir con la documentación que requiere la Junta Federal de Trabajo. Los afectados siguen siendo cerca de 400 ex trabajadores que llevan 24 años esperando su liquidación.

 

Tras haberse reunido con el nuevo presidente de la Junta, Jorge Zorrilla Rodríguez, la apoderada legal de 187 obreros despedidos en 1991, 85 que revocaron poder al sindicato y 32 de la Junta 54 de Orizaba, María Luisa Campos Aragón en asamblea en el Salón de Jubilados, explicó a los trabajadores el avance del proceso legal de la factoría.

 

De acuerdo al expediente 596/91 en trámite en dicha dependencia federal, refirió que el 75 por ciento de los ex obreros que representa ya cumplieron con el papeleo ante el notario público número 2, José Marquez, mientras que el 100 por ciento de los disidentes no lo han hecho, situación que obstaculiza el proceso, dado que el plazo venció el 13 de mayo.

 

“Se le dio un plazo al sindicato de CIVSA que venció el día 13 de mayo y no cumplieron, en términos de ley no entregaron la documentación, tenían que presentar su credencial del IFE, sus datos generales. No ha habido por parte de ellos un interés para solucionar este asunto”, mencionó.

 

Campos Aragón recordó que tal proceso sigue en pie, luego de que en el 2008 el terreno de la fábrica se remató y se adjudicó a nombre de todos los trabajadores del 91 y del sindicato CIVSA de la CROM, tras ejercer su derecho laboral en una demanda para exigir sus prestaciones ante el notario público número 2, José Márquez.

 

“El presidente de la Junta Federal ya dio la orden para que se escriture por la gente que ya entregó su documentación. De acuerdo al expediente del sindicato 1,835 que se lleva en huelgas estalladas, ahí estamos defendiendo a 80 trabajadores en donde ya embargamos y rematamos los bienes muebles e inmuebles que son 450 máquinas textileras, la tasa de agua y la hidroeléctrica por un monto de 26 millones de pesos”, agregó la abogada.

 

Apuntó que el bloqueo del proceso legal de Torres Serrano se debe a intereses personales y económicos al estar explotando la fábrica que pertenece a los trabajadores del 91 y que establece el expediente 596/91 en la Junta Federal del Trabajo.

 

“El 7 de junio tenemos como plazo para regular esta situación, porque ya hay un comprador interesado en la factoría”, señaló la litigante.