Jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han decidido tomar medidas drásticas en respuesta a la extinción de 13 fideicomisos que suman 15 mil millones de pesos. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) ha anunciado un paro nacional que durará hasta el 24 de octubre, marcando la suspensión de labores más larga en al menos un cuarto de siglo.
Este paro, que ha sido apoyado por trabajadores de los 66 órganos jurisdiccionales en el Palacio de Justicia de San Lázaro y los 10 Tribunales Colegiados en Materia Penal de la Ciudad de México, busca destacar la falta de transparencia y equidad en los gastos de los legisladores federales.
Los trabajadores del PJF critican que, a diferencia de los legisladores, los Ministros de la Corte son sometidos a auditorías y no gozan de privilegios no auditados. Los legisladores cuentan con subsidios que ascienden a 1,631 millones de pesos, y no se ha proporcionado una explicación clara sobre cómo se utilizan estos fondos. Además, las bancadas no han publicado informes financieros recientes, lo que agrega a la preocupación sobre el manejo de estos recursos.
El grupo parlamentario de Morena liderado por Ignacio Mier, junto con el PT, son los que acumulan la mayor parte de estos recursos no auditados, con saldos millonarios a su favor. En contraste, los legisladores de la Oposición tienen saldos mucho menores reportados.
Estos trabajadores también resaltan que los legisladores tienen una amplia gama de beneficios que no se auditan, incluyendo subsidios para viajes y alojamiento de lujo, mientras que critican la falta de claridad en el destino de los fideicomisos manejados por el Poder Judicial.
En medio de esta tensión, los trabajadores del PJF exigen transparencia, equidad y un escrutinio similar al que enfrentan los Ministros de la Corte. Su paro nacional es un llamado a la reflexión sobre la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos en todos los niveles del gobierno.
