Córdoba.- Tomás, su deficiente “equipo” de trabajo, y la ineficaz asesoría de su Síndico, lo vuelven a exhibir.
Primero, monta en cólera cuando EL BUEN TONO da a conocer que ordenó invertir recursos públicos en un local particular, propiedad de su amigo el regidor primero panista, Juan Antonio García Regules. Luego, ordena que se publique a grandes letras, en el portal oficial del Ayuntamiento, que EL BUEN TONO “miente otra vez”. Y no, Tomás, EL BUEN TONO no miente.
Y no miente porque lo que publicamos fue que había aparecido una nota en el portal de radaresnoticia.com acreditada al Observatorio Ciudadano. Y eso, fue y es totalmente cierto.
Segundo: ordena que se dé a conocer (acompañando el infundio a EL BUEN TONO, un documento de cuatro hojas que refiere a un supuesto “contrato de comodato” entre la titular del Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad y el Regidor mencionado.
Lo que se lee, en los antecedentes que menciona ese documento, es que “el Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad es un órgano descentralizado…”. Y, ¿qué es un órgano descentralizado? Las respuestas a esta pregunta, todas, indican que éste “es un organismo autónomo del Gobierno central y que tiene competencias y facultades autónomas”.
Entonces, ¿por qué firmar un contrato, de lo que sea, entre un órgano autónomo y un particular (aunque éste sea miembro de un Gobierno) en hojas membretadas del Gobierno municipal? Eso no es, para nada, respeto a la autonomía del órgano que pretende trabajar en beneficio de la mujer cordobesa.
Pero eso es lo de menos, aunque sea una pifia más del Gobierno de Tomás. Lo demás, es que el contrato de referencia está firmado por el propio Alcalde y el Síndico, como “testigos” de la pifia anterior, y sólo para recalcarla.
Hay más “errores” en el mencionado contrato, que sale a las páginas de Internet justo después de que compartimos la nota de radaresnoticia.com.
Curiosamente, ni al Observatorio ni a Radar es Noticias el Gobierno de Tomás reclama. Sólo enfureció contra EL BUEN TONO, y lo entendemos, y lo aceptamos como un reconocimiento del Gobierno de Córdoba a la importancia, penetración, circulación y calidad de nuestro medio.
Y afirmamos: Sí se utilizaron recursos del Gobierno de Córdoba para remodelar una oficina particular. Sí se entrometieron Tomás y su Síndico en la vida autónoma del Instituto de la Mujer Cordobesa. Sí está utilizando este organismo para desviar dinero de todos los cordobeses y beneficiar a un amigo, compañero de partido y de transas.
Así lo refiere, una vez más, el medio digital al que nos referimos, pues en una nota fechada el 11 de marzo de este año, informa:
“Este viernes, el alcalde panista Tomás Ríos Bernal prácticamente enfureció, debido a la revelación de una irregularidad más de su Gobierno en relación a un espacio privado —propiedad del regidor del PAN, Juan Antonio García Regules— para el funcionamiento del Instituto Cordobés de las Mujeres, y mostrando un supuesto convenio de comodato aseveró que la cesión del espacio será “de manera altruista”, sin embargo, no hace público el monto invertido para la remodelación del inmueble.
En el contrato de fecha 14 de enero de 2016, el alcalde Tomás Ríos Bernal y el síndico Luis Alberto García Hernández, sólo firman como testigos, y quien es el “Comodatario” es Martha Lilia Chávez González, en su calidad de directora del Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad y quien es, en estos momentos, la precandidata del PAN a diputada local por el 19 Distrito Electoral.
También en el comodato, cuya vigencia “forzosa” es al 15 de diciembre de 2017, se evitan especificar los datos precisos del regidor panista Juan Antonio García Regules y erróneamente citan “su domicilio” para efectos del citado contrato.
Antes, como se señaló en la nota informativa donde se reveló el uso de recursos públicos municipales para ocupar el edificio de Juan Antonio García Regules, la entonces directora Martha Lilia Chávez González, también pretendió ocultar el nombre del propietario del inmueble donde funcionaría el Instituto.
En el boletín de prensa del Ayuntamiento de Córdoba, de fecha 23 de febrero se difundió: “Martha Lilia Chávez González, directora del Instituto de las Mujeres por la Igualdad, precisó que mudarse a unas nuevas oficinas no le costará al municipio, pues el espacio será prestado por lo que resta de la presente administración, gracias a un ciudadano interesado en fortalecer al instituto y los objetivos que persigue”.
El edificio propiedad del regidor del PAN, Juan Antonio García Regules, se encuentra en la calle 2 entre avenidas 1 y 3, atrás del Palacio municipal. Curiosamente también ahí tiene su despacho privado el síndico del Ayuntamiento, Luis Alberto García Hernández.
Según ocupantes de ese inmueble, la renta de los despachos oscila entre los 5 mil y 10 mil pesos, conforme al tamaño. Los inquilinos no reciben ningún comprobante fiscal por el pago de la renta, pese a que es una obligación hacendaria, según se pudo conocer al entrevistarlos.
Ante la revelación de que el alcalde Tomás Ríos Bernal autorizó el mejoramiento y remodelación de un área del edificio propiedad del regidor García Regules —y que según personal del Ayuntamiento se pagará renta—, tres días después de la polémica el Ayuntamiento de Córdoba públicó en su página de Internet un supuesto “Comodato” firmado el jueves 14 de enero.
En el contrato de cuatro hojas marcado con el registro JUR/COM/008/2016, se cita: “EL COMODATARIO realizará los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación del inmueble, así como las reparaciones necesarias y los servicios contratados o que se contraten para el buen funcionamiento del bien dado en comodato…”.
Reacio a la transparencia, el alcalde panista Tomás Ríos Bernal, se muestra furioso ante las revelaciones de irregularidades en su administración. El “Comodato” con su amigo el regidor Juan Antonio García Regules, además de presentarse tres días posteriores a la publicación de la noticia, muestra también una inconsistencia en la supuesta fecha de la firma.
En la hoja cuatro, donde están las firmas señala dos fechas como las indicadas como el día del acuerdo de cesión “de manera altruista” del inmueble.
En el párrafo antes de las firmas se señala como fecha el 14 de enero y al final de las firmas se anotó: “Las presentes hojas de firmas corresponden al contrato de comodato, celebrado entre el Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad y el C. Juan Antonio García Regules, en fecha 15 de enero de 2016”.
Desde el jueves 8 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta del Estado “Acuerdo por el que Se Autoriza al H. Ayuntamiento de Córdoba, Ver., la Creación del Instituto Cordobés de las Mujeres Por la Igualdad, Como un Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio”. Conforme a la Ley Orgánica, para este 2016, dicho Instituto tuvo que haber tenido en el Presupuesto municipal aprobados recursos “para la operación o
ejecución…”.
Sin embargo, conforme la Nómina de la Segunda Quincena de Enero de 2016 (que es la más reciente que tiene publicada el Ayuntamiento en su portal de Internet), Martha Lilia Chávez González siguió cobrando 18 mil 782.28 pesos como salario neto quincenal en su calidad de “Coordinadora” adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.
Es decir, salarialmente la responsable del Instituto Cordobés de las Mujeres no tenía “autonomía” y más aún, unos días antes de la inauguración del inmueble dejó el cargo para ser aspirante del PAN a Diputada local, junto con María de los Ángeles Sahagún, también responsable de Atención Ciudadana del Ayuntamiento”.
Nada nuevo
La opacidad en los contratos que celebra el gobierno de Tomás no es cosa nueva. Hace meses, El Buen Tono publicó que habían contratado una bodega para guardar “materiales de construcción y otros bienes municipales”, precisamente a Loris Layun, pareja sentimental del propio Regidor Primero, el mismo que ahora, según este “comodato”, está “cediendo de manera filantópica” un nuevo espacio, ahora para el Instituto de la Mujer.
Si quisieran, y pudieran, actuar con transparencia, estarían convocando de manera pública cuando requieran de espacios de cualquier tipo, para que todos los propietarios de inmuebles y predios disponibles para renta, pudieran participar en una licitación. Si quisieran actuar con transparencia, estarían informando y pidiendo la participación de todo el Cabildo, incluyendo la oposición, para la aceptación de estos contratos. Pero no quieren. No les conviene.
Y todavía falta que den a conocer el monto, y la partida de origen, de los recursos que utilizaron para la remodelación y habilitación del despacho rentado (así insisten en decirnos algunos empleados de Presidencia, cuyos nombres omitimos por petición de ellos) al regidor García Regules.
