De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- A tres años de concluida la administración de Leticia López, la investigación por el desvío de 107 millones de pesos durante su gestión sigue estancada. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) detectó múltiples irregularidades en obras y en el manejo de recursos financieros de ese periodo, y aunque presentó una denuncia ante la Fiscalía, esta no ha avanzado.
El Orfis, que es el brazo ejecutor del gobernador para pedirle moches a los ex alcaldes, podría utilizar mecanismos legales para exigir que la Fiscalía actúe, pero se ha mostrado inactivo, al ser cómplice de la corrupción.
En lugar de impulsar acciones para que se haga justicia, sólo usa las auditorías y las acusaciones de desvío como herramienta de presión y extorsión hacia ex alcaldes y alcaldesas ladrones, aprovechando el impacto mediático de las denuncias para luego obtener beneficios económicos a cambio de “silenciar” todas las irregularidades.
Esta falta de acciones legales y la corrupción, envían un mensaje de impunidad, mientras el Orfis, cuya misión es resguardar los recursos públicos, se limita a señalar anomalías sin presionar a la Fiscalía. La situación ha dejado a los ciudadanos de Córdoba en un estado de indignación, donde la exigencia de justicia y transparencia es ignorada por las autoridades.
La comunidad demanda una investigación exhaustiva de la administración de López Landero, que se presenten denuncias formales y que se apliquen sanciones a los responsables.
