Sandra González
EL BUEN TONO
Orizaba.- El Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Orizaba está violando la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, al no garantizar el bienestar de los menores que son explotados laboralmente en las calles de la ciudad. Esta ley exige medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestarias que aseguren el interés superior de los menores.
En Orizaba se han identificado entre 8 y 11 menores en situación de explotación laboral. Se conoce su procedencia y existen expedientes detallados de sus casos, pero el DIF local se ha excusado en la responsabilidad de otros ayuntamientos para no actuar en el resguardo de estos niños, a pesar de que la ley claramente establece esta obligación.
Además, en la ciudad de Córdoba se han encontrado de uno a dos menores residentes de la Pluviosilla en situación similar, sin que el DIF de Orizaba haya intervenido.
La Ley 573 dice en su Artículo 4, inciso II, que el acogimiento residencial debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando siempre el cuidado en un entorno familiar pero si este no es el adecuado, debe intervenir.
Define también los Centros de Asistencia Social como espacios de resguardo alternativo para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar.
