Por Darío Celis / columnista
Miami se convirtió en el refugio y centro de operaciones para no pocos personajes acusados de fraudes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Algunos lograron salvoconductos a tiempo, pero otros no.
Ahí van algunos ejemplos: Martín Díaz Álvarez, el expresidente de la Caja Libertad, fijó su residencia en esa localidad. En su momento se giró orden de aprehensión por el tema de Oceanografía.
Rafael Olvera Amezcua, el fundador de Ficrea, que defraudó a cerca de seis mil ahorradores, aunque no se estableció formalmente en Miami, compró decenas de propiedades en esa ciudad.
El “lavado” de dinero que se les imputa al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a su operador financiero, Moisés Mansur, se hizo en parte vía un fondo llamado Vulcan, radicado en Miami.
Ese fondo es propiedad de José Ortega, exdueño de la Universidad del Valle de México, y su hijo José F. Ortega, así como de Iñaki Negrete, estos dos últimos operan y viven en Miami.
Gonzalo Gil White y su primo José Antonio Cañedo White también viven en Miami, o al menos ahí estaban hasta antes de que fuera inminente que se libraran órdenes de aprehensión contra ambos.
Se trata de los fundadores y operadores de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, a quienes se les acusa de haberse apropiado indebidamente de alrededor de 700 millones de pesos.
En todos los casos, Oceanografía, Ficrea, Veracruz, Vulcan y Oro Negro, el regulador financiero era Jaime González Aguadé, quien renunció la semana pasada a Libertad Servicios Financieros.
En algunos casos, los expedientes los tuvo a su alcance la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en otros al equipo de González le tocó supervisar emisiones y colocaciones de ellos.
El fraude de Ficrea es otro caso pendiente de resolver y donde hay involucrados muchos intereses de los distribuidores Chrysler, capitaneados por Juan Manuel Diez y Gil Sverling.
Otro con mucho fondo político, porque se especula que podría estar vinculado al financiamiento de la campaña del PRI, es la de la Sofipo Coincidir, de Francisco Conejo Cejudo.
ASÍ COMO SU padre, Emilio Lozoya Thalmann, al final del sexenio rompió lanzas con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Austin terminó muy mal con Enrique Peña Nieto. Cuentan que entre abril y mayo del 2017 el primero reclamó al segundo su situación. Lozoya llevaba fuera de Pemex 15 meses y ya eran públicas las denuncias en su contra de los exejecutivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. El escándalo en el que estaba involucrado, dijo, “no es solo mío”. Entonces el Presidente giró instrucciones a su Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, para que atendiera el asunto y no lo dejara correr. Le pidieron a Lozoya 6 millones de dólares para que el entonces encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y el subprocurador especializado en investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz, mataran el asunto. Pero el exdirector de Pemex no aceptó y el expediente ya no hubo quien lo frenara.
SORPRESAS EN LA presentación de posturas por la primera fase de construcción de Dos Bocas. Al final sí llegó Wood Group, que preside Robin Watson, pero incumplió con las bases porque no llevó asociado mexicano. Fue la misma circunstancia de la italiana Saipem, que encabeza Stefano Cao. En ambos casos, las empresas hicieron creer a tres nacionales que los subirían. Fueron los casos de Cargo de Rolando Ugalde, ESE ASA de Daniel Santos y Arendal de Jesús García Pons, lo que causó malestar porque impidieron que se sumaran a otros grupos. Wood Group y Saipem llevaron como socios a sus filiales, lo que está prohibido. Vamos a ver si la secretaria de Energía, Rocío Nahle, hace buena la descalificación. Por lo demás ICA-Fluor, que conduce Juan Carlos Santos, cumplió y va como consorcio estadounidense mexicano, lo mismo que KBR de Stuart Bradie con Hostos de Jacobo Baruch. Y Samsung, que lleva Jae JunYoo, fue con Asociados Constructores DBNR.
PEMEX LANZÓ LA contratación de otras dos plataformas y sistemas de ductos para infraestructura marina. Se trata de Maloob-E y Maloob-I. El 10 de septiembre se entregan ofertas y apunte de posibles a ICA, de David Martínez; CICSA, de Carlos Slim; Galem, de Miguel Alemán Magnani; Grupo R, de Ramiro Garza; Cotemar, de Mario Dávila; Protexa, de Rodrigo Lobo; Avanzia, de Francisco Gil; Opex, de José Miguel; Latina, de Adolfo del Valle Ruiz; Perforadora Central, de Patricio Álvarez Morphy; Perfolat, de Carlos Vizcarra y Goimar, de Humberto Issasi, entre otros. El contrato va a rondar los 350 millones de dólares y el fallo está programado para el 24 de septiembre.
EL VIERNES FONATUR, que comanda Rogelio Jiménez Pons, todavía desahogaba dudas respecto de la licitación del proyecto ejecutivo del Tren Maya. Aunque hay unos 40 interesados, desde ya se da por hecho que el contrato va dirigido a un consorcio que parece invencible y donde curiosamente participa el Estado. Se trata de las dos españolas Idom, que lleva Luis Rodríguez, e Ineco, de Jordi Garcés, auténticas autoridades en la materia; Cal y Mayor, el bufete de Patricio Cal y Mayor; aunque suene increíble, el Grupo México, de Germán Larrea, y la CFE, que dirige Manuel Bartlett.
SE EMPEZÓ A mover nuevamente la compra de la participación de Aleática en el aeropuerto de Toluca, que maneja Alexandro Argudín. El tema lo trae directamente el subsecretario de Transporte, Carlos Morán. Aleática posee 49 por ciento y es interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comprarlo como parte de sus planes para consolidar el sistema aeroportuario metropolitano, con el actual Benito Juárez y su proyecto de Santa Lucía. El quid va ser el precio. Y es que la empresa que capitanea Sergio Hidalgo insiste en aplicar la Tasa Interna de Retorno, con lo que el precio casi se duplicaría.
PUES CON LA novedad de que Flavio Cienfuegos ni a Finanzas, ni en Administración del IMSS. Zoé Robledo le dio las gracias la semana pasada como parte de una reestructuración de cuadros. Cienfuegos era gente del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Estaba tomando un rol relevante en el proceso de recepción y distribución de medicamentos a las unidades de salud de ese instituto, por lo que dicha baja afecta más a Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la dependencia que ahora lleva Arturo Herrera.
