Le decía ayer que uno de tantos expedientes que deja el gobierno de Felipe Calderón es el fallido rescate de la banda de 2.5 gigahertz.
Si uno guarda perspectiva entre el tono con el que Dionisio Pérez-Jácomeanunció en pomposa conferencia de prensa que se había decidido proceder a su recuperación, y el cuidado con el que hoy todos en la SCT se refieren al tema como un asunto que quedará a la decisión de la próxima administración, es fácil ubicar un eslabón perdido. Vamos por partes.
En agosto de este año todo el gobierno federal festinó la decisión de rescatar la banda. Se dio a conocer una decisión tomada y el artífice del rescate, el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, declaró repetidamente que en un par de meses estaría consumado el rescate.
Luego vino la lluvia de amparos de los concesionarios, destacadamente Grupo MVS, de Joaquín Vargas Guajardo, aunque acompañado de otros ocho concesionarios más pequeños, todos buscando protección en jueces de distrito.
Y ahora, ya casi cuatro meses después de aquellos anuncios espectaculares y de la guerra mediática que se desató entre Vargas y el gobierno federal que hoy concluye, resulta que a Felipe Calderón lo engañaron sus propios funcionarios, cuando le prometieron que podrían terminar el sexenio con el rescate. De nada sirvieron las bravatas de la vocera, Alejandra Sota.
Hay varias razones, según ha trascendido en los juzgados de distrito. Por una parte existe más de una suspensión dictada en juicios de amparo, que hoy por hoy le prohíbe al gobierno declarar el rescate.
Además, a Olavarría y al director general de Política de Telecomunicaciones,Andrés de la Cruz, se les hizo bolas el engrudo con su procedimiento administrativo, que ni siquiera pudieron concluir en su etapa probatoria.
Se han desahogado ciertas pruebas, pero hasta el día de ayer no habían concluido de rendirse dictámenes periciales y algunas testimoniales ofrecidas por concesionarios. Y en tercer lugar, tal vez lo más importante, el secretario Pérez-Jácome ya reconoció en documentos públicos que antes de proceder al rescate debe solicitarse la opinión de la Cofetel, a cargo de Mony de Swaan.
De tal manera que si bien en los frentes de litigio al gobierno calderonista no le fue mal, el rescate ya no podrá ser decretado por su administración. Flaco favor le habrían hecho al hasta hoy Presidente sus funcionarios, al prometerle un rescate, hacerlo pagar los costos políticos de anunciarlo y luego salir con la novedad de que no están listos y no les alcanzó el tiempo. Aunque en realidad ésta ha sido la constante.
En los litigios le puedo actualizar que MVS tiene en trámite un juicio de amparo en el que ya se le negó definitivamente la suspensión, pero que seguirá tramitándose y probablemente llegará a la Suprema Corte de Justicia. Además, existen cuando menos diez diversos juicios de amparo interpuestos por otros concesionarios.
En resumen, la decisión promovida por Pérez-Jácome y el subsecretario Olavarríageneró altos costos políticos y hereda al próximo gobierno una maraña de litigios, después de seis años de indecisión en torno al uso y reordenamiento de la banda de 2.5, que en otras condiciones ya debería estarse explotando para desplegar redes de Long Term Evolution y prestar servicios de banda ancha móvil a altas velocidades.
Uno más de los temas en los que la ineptitud y la indecisión se acompañaron a final de cuentas con el hígado y las tripas, resultando en un grave daño al país. Y como ésas hubo muchas en otros ámbitos de la actividad industrial.
