La agenda de la violencia estalló esta semana: las 22 muertes de Tlatlaya se dieron hace meses atrás, pero hicieron eclosión en estos días; Guerrero y sobre todo la Tierra Caliente, muy cerca de las fronteras de Tlatlaya, sigue con su colección de enfrentamientos violentos, asesinatos y dislates políticos; los normalistas de Ayotzinapa son parte de un movimiento, también violento, que puede confluir con otros que se dan en estos días en la capital del país, como el de los estudiantes del IPN. El escenario puede ser regional pero puede contaminar —lo hace— lo nacional.
Es mucho lo que hay que ver. Por supuesto que hay que partir de las medidas más urgentes: ¿qué hacer con un gobierno prescindente como el de Guerrero cuando en los hechos ya se ha entrado en la etapa electoral?, ¿cómo hacer justicia en el caso Tlaltlaya sin hacer escarnio de la labor de las Fuerzas Armadas?, ¿qué hacer con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos en pleno proceso de sucesión, que se torna selectiva y hasta sospechosa en sus recomendaciones?, ¿cómo frenar un movimiento como el de la Normal de Ayotzinapa, marcado por la violencia, sin violar la ley? Y las preguntas podrían continuar.
Por lo pronto queda claro que el gobierno de Guerrero no puede ni con ésta ni con muchas otras situaciones. Si hace un año las tormentas Ingrid y Manuel no fueron suficientes para que el gobernador y su equipo abandonaran la fiesta que habían organizado en Chilpancingo con motivo del Grito, ahora los enfrentamientos y balaceras en Iguala no alcanzaron para que el alcalde José Luis Abarca, que tiene bajo su mando a la policía municipal, que generó esas balaceras, se diera por enterado mientras disfrutaba de una fiesta salsera para celebrar el informe de su esposa en el DIF local. Tan estrecho es su control en el municipio que simplemente adujo que, como estaba cansado del baile, se fue a su casa a dormir y nadie le informó lo que estaba sucediendo en su municipio.
Sin embargo, el problema con el alcalde de Iguala es otro, aunque abrume su desidia: son las acusaciones de que su esposa es la hermana del líder del grupo criminal Guerreros Unidos y de las propias relaciones de Abarca con esa misma organización, una relación que, dicen los denunciantes, explica la repentina y boyante situación económica del alcalde, que fue, por cierto, uno de los mayores contribuyentes a la campaña del gobernador Aguirre.
No lejos de Iguala, en la misma región de Tierra Caliente, está Teloloapan, uno de los municipios más castigados por la violencia política. Y más adelante Arcelia, que se ha convertido en el centro de operación de muchos grupos criminales, pero sobre todo de Guerreros Unidos y Los Rojos. Desde Arcelia se dirigieron los secuestros en Valle de Bravo, y todo el sur del Estado de México, y en estos días los enfrentamientos entre criminales y fuerzas de seguridad federales han sido constantes en la zona. Tlaltlaya, por cierto, es un paso obligado para trasladarse de Arcelia hacia la zona de Valle de Bravo. Ahí operaban parte de los grupos que trabajaban en el Estado de México.
Toda la teoría del caos explica cómo un movimiento, un factor considerado intrascendente en una lógica mucho más amplia, puede modificar el escenario y las condiciones. En este caso cómo en la lógica de la desestabilización y la violencia, un elemento se convierte en catalizador de muchos otros y en este caso cómo la gobernabilidad perdida influye mucho más allá de las fronteras de un gobierno local.
Es injustificable que se fusile a delincuentes que están siendo perseguidos y los responsables deben ser castigados, pero también se tiene que asumir que esos delincuentes estaban asolando a la ciudadanía de toda una región del país y las únicas fuerzas para perseguirlos eran las militares, ante la ausencia de fuerzas policiales locales con un mínimo de eficiencia y honestidad. Y el Ejército no es la policía. Es inaceptable que haya grupos como los de Ayotzinapa que hacen del secuestro y la violencia su forma de vida (qué mejor ejemplo que su acción del lunes, cuando para protestar por la represión decidieron incendiar ¡una biblioteca!) pero es menos aceptable aún que la policía los ataque con armas de fuego en lugar de detenerlos. Es inaceptables que haya grupos tipo comando operando en ciudades y pueblos, pero es explicable que existan y tengan tanta impunidad cuando las autoridades locales están involucradas hasta familiarmente con sus líderes.
No se trata de errores o de malos manejos políticos, ni siquiera de simple ineptitud: lo que está sucediendo en buena parte de Guerrero es la demostración de un mal estructural: es el fracaso de las instituciones del Estado para garantizar paz, seguridad personal y jurídica y gobernabilidad. Guerrero y sobre todo Tierra Caliente, se han convertido en un foco de inestabilidad que incendia lo local pero irradia también lo regional y lo nacional.
