XALAPA.- La mayoría de los colaboradores y gente cercana de Edel Álvarez Peña no cumple con los requisitos de Ley para ocupar el puesto de Juez, demostrando las decisiones arbitrarias del señor Álvarez, quien por cuestiones de cuota o de favores de alguna índole, hace y convierte a jueces que no tienen exámenes o cursos acreditados por el Instituto de Capacitación.
Aunque estos serían acreditados por su aliado Lezama Moo, quien fue nombrado director del Instituto de Capacitación del Poder Judicial para refrendar que está el Poder Judicial en la peor etapa de su vida institucional o quizá para expedirle de manera exprés las capacitaciones necesarias a Edel y que éste demuestre el mercenario en que se ha convertido.
Otra designación desastrosa dentro del “Cártel de La Toga” es Esmeralda Ixtla, una joven que nunca trabajó en un Juzgado y que como Secretaria del Consejo de la Judicatura ha hecho de los trámites un ridículo, ya que con su actuar entorpece la labor de todo el tribunal en colaboración de “Nancy”, la otra impuesta y fiel escudera del “Jefe Edel”, como se le menciona en los pasillos del TSJEV.
Esto no se podría entender sin el MEGAFRAUDE en el interior del Poder Judicial, el cual radica en la subcontratación de empleados del mismo Poder Judicial a través de la Outsorcing INPRO DEL BAJÍO, SA DE CV, principalmente en aquellos que son los encargados de tecnologías (aquellos que graban las audiencias de los juzgados orales), estas personas las contrata una empresa externa, es decir, que no dependen del Estado y que se les ha seguido pagando lo mismo y con las mismas prestaciones.
Esta situación lanza el mayor cuestionamiento: ¿Cuáles son los motivos por los que Edel Álvarez Peña permite que el Poder Judicial opere este tipo de Outsourcing? El cual lejos de beneficiar a la institución o a la ciudadanía, en lo oscurito hace que un grupo de personas dentro del mayor órgano veracruzano, que debería estar para impartir justicia, se ensucie y tenga que ser investigado por actos de corrupción al interior.
Mientras tanto, los empleados de Tecnologías, adscritos al Tribunal, tienen miedo a expresar lo que en verdad sucede, ya que las firmas de sus contratos fueron en reuniones privadas, donde mañosamente no les dieron copias, y en donde el director Dionisio Gutiérrez es copartícipe del ilícito, llenando sus bolsillos con dinero de dudosa procedencia.
Otro de los rumores que toma fuerza y por si fueran pocos los entes incrustados en la nómina del TSJEV, es el de cómo las licitaciones para hacer las ciudades judiciales han sido ganadas por familiares y amigos cercanos a Edel Álvarez Peña, bomba que podría explotar en en estos días de transición en el Estado.
Por último, para terminar esta verdadera trama de un grupo delictivo, les presentamos un número de denuncias en contra de varios de los funcionarios ligados al “Cártel de La Toga”, empezando por el líder o cabecilla, Edel Álvarez Peña, quien tiene en su haber los expedientes: 657/2017, 103/2004; Marco Antonio Lezama Moo, expedientes: 1207/2015, 403/200, 562/2017, 2616/2017, 938/2016, 561/2017, 26/2018; Alma Aleida Sosa Jiménez, expedientes: 1083/2018, 979/2018, 932/2018, 799/2018, 905/2018, 868/2018; Luz Arely Ahumada Aguirre, expedientes: 194/2018, 187/2018, 150/2018, 628/2017, 590/2017, 116/2017; Adriana Arias Ferreira, expedientes: 1099/2018, 1023/2018, 375/2016, entre otros tantos.
