AGENCIA
EEUU.- El estado de Texas ha ofrecido al presidente electo Donald Trump un terreno rural de mil 400 acres (566 hectáreas) en el condado de Starr, en el Valle del Río Grande, para apoyar sus planes de deportaciones masivas de migrantes indocumentados. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció la propuesta en una carta enviada hoy jueves al mandatario electo.
El terreno, adquirido el mes pasado por Texas, podría ser utilizado para la construcción de una instalación destinada al procesamiento, detención y coordinación de deportaciones. Buckingham aseguró que esta acción busca contribuir a lo que llamó “la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación”, alineándose con las promesas de campaña de Trump sobre inmigración.
La oferta de Texas refleja las divisiones en Estados Unidos respecto a las políticas migratorias de Trump. Mientras Texas y otros estados republicanos apoyan medidas agresivas en la frontera, como la instalación de barreras de alambre de púas y el arresto de migrantes, ciudades como Los Ángeles han adoptado posturas contrarias. Esta semana, el concejo municipal de Los Ángeles votó para convertirse en una jurisdicción santuario, limitando la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El equipo de transición de Trump no ha confirmado si aceptará la oferta texana, pero reiteró su compromiso de movilizar recursos para asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones masivas desde el primer día de su mandato. “El presidente Trump lanzará la mayor operación de deportación masiva de criminales inmigrantes ilegales en la historia”, declaró Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición.
El terreno ofrecido ya cuenta con un tramo de 2.4 kilómetros (1.5 millas) de muro fronterizo construido bajo la administración del gobernador Greg Abbott en 2021. Según Buckingham, la reciente adquisición del estado podría facilitar la construcción de más barreras fronterizas, en línea con las políticas de seguridad promovidas por los líderes republicanos.
Sin embargo, persisten dudas sobre la logística de las deportaciones masivas. Con una población estimada de 11 millones de indocumentados en el país, aún no está claro cómo se identificaría a las personas, dónde serían detenidas o cuáles serían los costos asociados.
Mientras tanto, el debate sobre inmigración continúa polarizando al país, con Texas liderando las iniciativas de control fronterizo y jurisdicciones como Los Ángeles desafiando las directrices federales.
