Diego H. Arrazola escribe un excelente artículo donde llama la atención al Congreso de Veracruz para que analice muy bien la iniciativa presentada por el combativo diputado Cuauhtémoc Pola Estrada para las llamadas sociedades de convivencia.
Fundamentalmente, lo que observa el agudo analista es que esa figura, en el caso de la propuesta, va dirigida a que la integren sólo personas del mismo sexo, evidentemente con propósitos conyugales, y excluye cualquier otra asociación que quieran formar personas de sexos diferentes, o aun consanguíneos.
Esto es, la propuesta se queda corta. El objetivo de las sociedades de convivencia no es únicamente que dos personas del mismo sexo, ambas femeninas o ambos masculinos, puedan celebrar un contrato que los beneficie como socios y les otorgue derechos y obligaciones mutuamente, tal como ocurre con el contrato del matrimonio, donde el objetivo principal es el connubio o el amancebamiento.
Es también para proteger a personas no-cónyuges que deseen beneficiarse mutuamente, ya sean amigos, familiares, personas que han vivido en la casa de alguien toda la vida, sin ser parientes; o cualquier tipo de personas que, sin importar el género, deciden tener un hogar recíproco, que tienen el deseo (o la necesidad) de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de solidaridad humana, comprensión mutua y apego efectivo.
Pero que no necesariamente quieran ser marido y mujer, mujer y mujer, o marido y marido, ni tener relaciones sexuales, ni constituirse en matrimonio o concubinato.
Esta clase de asociaciones son una necesidad, porque de facto existen.
La oposición de la Iglesia católica a ellas es una reverenda estupidez. Con o sin su aprobación, esas relaciones existen. Lo que falta es darles formalidad para garantizar el bienestar y la felicidad de quienes las tienen establecidas. Es decir, no fomentan la homosexualidad ni el lesbianismo, porque su objetivo es mucho más amplio. Y aquellos fenómenos existen aún sin ellas, debido a que son otros factores los que los propician.
Es un área que la legislación debe cubrir para garantizar derechos humanos. Si es la voluntad de un gobernado hacer un proyecto de vida con quien le dé su regalada gana, la ley debe garantizarles a ambos tener acceso a servicios de seguros médicos, créditos para vivienda, pensión alimenticia por viudez, protección para heredar, seguridad social, etcétera, etcétera.
Y lo que hagan o dejen de hacer en la intimidad de su hogar, sólo es cosa de ellos y de sus sábanas.
Son los temas tradicionales en los que la Iglesia católica se ha inmiscuido. Durante siglos ha pretendido regir la vida sexual de los seres humanos. Ha levantado toda clase de prohibiciones, ha asesinado en defensa de la castidad, ha impedido el ejercicio libre de la sexualidad y, en el colmo de su incongruencia, ha producido aberraciones al impedirle a sus propios ministros que disfruten de su líbido como animales que son, lo que los ha llevado a buscar el placer de manera subrepticia, temerosa, pero sobre todo criminal, mediante el ataque a menores de edad.
En pleno siglo XXI, es tiempo de desatender criterios tan atrasados y crueles como los de la Santa Madre Iglesia y sus autoflagelados seguidores.
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