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TEMOR A UNA  ‘IMPRUDENCIA’

Superiberia

La aparente calma, que demuestra el todavía gobernante en turno, en medio de la tormenta política y judicial, no es porque sea un hombre de templanza probada a la hora de los conflictos. Tampoco obedece a que no haya  un peligro real de que pueda terminar en una prisión.  No, la tranquilidad que demuestra el cordobés es gracias a las cantidades industriales de  fluoxetina, un poderoso antidepresivo y tranquilizante que consume diariamente para no lanzarse a las calles desnudo,  gritando y jalándose los cabellos.

 Este fármaco, también conocido por uno de sus nombres comerciales como Prozac,  lo ha ayudado a contenerse y seguir en la bravata a través del Twitter. El Prozac es un antidepresivo muy popular entre la clase política y ha habido funcionarios de primer nivel que en su momento dependieron totalmente del mismo para no caer en cuadros  sicóticos  durante su ejercicio público como fue el caso del expresidente Vicente Fox.  

 La leyenda negra de su esposa, Martha Sahagún –azuzada en buena medida por el libro “La Jefa” de la argentina Olga Wornat – dice que a Fox lo tenía dominado en base a brebajes de ‘toloache’, pero la realidad es que a diario tenían que mantenerlo estable con Prozac.  El antidepresivo también es usado para combatir el “Síndrome del atracón”, es decir, evitar que un paciente sujeto a un régimen alimenticio para combatir la obesidad recaiga, y se vuelva sobre la comida.

 El todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dicen los bien enterados, tiene rato dependiendo de dicho medicamente porque también lo ayuda a conciliar el sueño sin tener que recurrir al trago. Tal es el gran secreto de que no  haya caído en una crisis, ahora que todos lo zarandean como si fuera piñata en plenas Posadas. Sin embargo, aún con la medicación, la posibilidad de un brote sicótico no está erradicada y muchos temen que en algún momento llegue a lo que llaman el “punto de quiebre” y cometa alguna barbaridad.

 El miércoles pasado en la columna Templo Mayor del diario Reforma se deslizó un comentario relativo a este riesgo. “Se sabe que al menos en la Secretaría de Gobernación andaban muy inquietos, no se sabe si por la gobernabilidad en Veracruz o porque (Javier) Duarte pudiera cometer alguna imprudencia”, se citó y en  efecto, en el altiplano sopesan la probabilidad de que viéndose acorralado, los fármacos no sean suficientes para mantener al cordobés bajo control y haga algún disparate. Dos cosas son las que especialmente se temen.

 Una, que en un arranque de “locura” haga un acto de confesión pública sobre las cantidades millonarias del dinero estatal que transfirió a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012 y de pormenores sobre personas, horas, lugares, cifras y partidas presupuestales involucradas en un financiamiento ilegal de la candidatura del mexiquense. Hay quienes presumen que de las arcas estatales habrían salido por lo menos 2 mil 500 millones de pesos para costear el proselitismo del entonces candidato presidencial.

 En una venganza contra sus ahora juzgadores, revelaría toda la trama para usar dinero público en ese asunto y asestaría un golpe mediático tremendo contra Peña Nieto, antes de que sus huesos vayan a parar en un calabozo. El otro disparate que inquieta de sobremanera, es que el turbado cordobés  vaya a optar por un magnicidio, es decir, vengarse de quien inició las denuncias penales en su contra que derivaron en pesquisas oficiales y el riesgo inminente de ser encarcelado: Miguel Ángel Yunes Linares, su odiado sucesor que  ha prometido meterlo en una prisión.

 El Gobernador electo ya ha sido blanco del acoso de la policía estatal, instruida para seguirlo, detener sus vehículos y someterlos a revisión, en un claro intento de generar una desavenencia que termine en el uso de la fuerza. El tercer escenario que se evalúa en el altiplano, sobre la salud mental de cordobés,  es el riesgo de que cometa un acto de suicidio. Desprestigiado públicamente, con un fardo de vergüenza que cargará por el resto de su vida y la amenaza de ser encarcelad, pueden orillarlo a querer  escapar por la llamada “puerta falsa”.

 Y claro, como todo potencial suicida que carga una buena dosis de sicopatía, ese acto desesperado podría incluir un drama colectivo. Es decir, que no sólo atente contra su vida, sino que antes lo pretenda hacer contra la de otras personas allegadas a él u odiadas por él ¿Será posible tal escenario? Esas son las  “imprudencias” que esperan de un desquiciado gobernante, cuya estabilidad mental depende del consumo de antidepresivos y somníferos.

 Además, dicho temor adquiere tintes novelescos si se recuerda que hace algunas semanas el mismo Duarte prometió al conductor de un noticiero radiofónico, que será noticia el primero de diciembre aún cuando no asista a la entrega del Gobierno Estatal. Lo sardónicamente, como los villanos de las caricaturas cuando hablan de apoderarse del mundo con un arma secreta. Ya se ha llegado a ese punto, a dudar del equilibrio mental de quien aún ostenta el poder estatal, al menos en el papel.

 

PADRÓN INFLADO

Respecto a la sanción impuesta por la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, la cual suspendió temporalmente los derechos como militantes a Duarte de Ochoa y a otras seis personas allegadas a él, hay la polémica sobre una posible pifia cometida, pues algunos de los sancionados niegan  ser militantes del tricolor y eso lleva a que no tenga  validez el dictamen disciplinario y aún más, deja en ridículo a los integrantes de esa comisión y al dirigente nacional del tricolor, Enrique Reza.

 Dos de los que no serían militantes del PRI son Juan Carlos Rodríguez, director jurídico de la Secretaría de Salud y el notario de Nogales, Daniel Cordero Gálvez. El primero salió a declarar que nunca se ha afiliado al PRI ni a ningún otro partido, y del segundo, aunque no ha hecho un pronunciamiento, se asegura que no aparece en el padrón priista e incluso sus cercanos lo ubican como simpatizante del Partido Acción Nacional. Otro sancionado, el cordobés Antonio Mansur Beltrán, quien fue subsecretario de Finanzas en el primer tramo del sexenio y hasta hace algunas semanas se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Economía, tampoco sería militante formal  del tricolor. Y por si no bastara, el exalcalde de Boca del Río y exdirigente del PRI en Veracruz, Raúl Ramos Vicarte, sostuvo que su hijo, el notario público Israel Ramos Mange, aunque desde joven ha sido simpatizante del PRI, nunca se ha afiliado formalmente al partido.

 Ante tal  polémica, el secretario de Acción Electoral Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Zamora, salió a decir primero, el martes pasado, que todos los sancionados sí aparecen en el padrón de militantes y por ello, la Comisión de Justicia Partidaria actuó en consecuencia. Empero un par de días más tarde, ayer jueves,  el mismo Zamora Jiménez dijo a la prensa que tal vez se trata de homónimos –es decir, personas que se llaman y apellidan igual pero no son las mismas-, reconociendo veladamente un error de la comisión disciplinaria. 

¿Qué sucedió? ¿los dirigentes del partido son tan tontos como haber expulsado a quienes ni siquiera eran militantes? No, eso es lo que se pretenden hacer creer en la opinión pública los detractores de la sanción.  En realidad todos aparecen en los padrones del tricolor, pero el caso es que las mismas listas de militantes fueron “infladas” por los dirigentes y funcionarios estatales desde tiempos de la fidelidad. Es decir, el padrón priísta se alteró y se incluyeron nombres de personajes que no realizaron formalmente los trámites. 

De ahí la confusión y los desmentidos, según explicó recientemente una enterada columnista porteña. De la misma manera que en Veracruz  se han “inflado” padrones proveedores, de damnificados por los fenómenos naturales y de beneficiados de supuestos programas sociales, el listado del PRI fue rellenado con nombres y más nombres para aparentar que se tiene  una militancia sólida y creciente. Ahora, se descubre otro fraude más, pero éste contra su propio partido.

 

CUARTO DÍA

La última semana de septiembre cierra con el caos en las calles y carreteras. Maestros, estudiantes e integrantes de la organización Alianza Ciudadana, desquiciaron el tránsito en la zona Centro y otros puntos de la Entidad. Sus exigencias son más que conocidas: adeudos de salarios y prestaciones para los maestros- que ya suman cuatro días en marchas y bloqueos viales -, el repudio al aumento en las tarifas del transporte público por parte de los jóvenes y las protestas por el desempeño de la Policía Estatal en el caso de los aliancistas. 

El saldo negativo lo pagan los ciudadanos, sobre todo los del corredor fabril Orizaba-Nogales, Mendoza-Río Blanco, cuyas vías y transportes han sido paralizados en diferentes momentos, afectando a todos, desde los que tienen necesidad de transportarse para ir al trabajo o a la escuela hasta los que mueven mercancía por las carreteras y la autopista, o son usuarios permanentes de esas vías en sus diferentes oficios. Para este viernes, los maestros se sumarán a las protestas por el alza en el precio del boleto del transporte urbano y para el lunes, el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTE) continuará las movilizaciones que en la semana encabezó el Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y el Magisterio (Sutsem) para exigir el pago de adeudos por diferentes prestaciones.

Cuatro de los siete días de la semana que concluye,  fueron caóticos, y para la semana próxima se espera que la movilización popular continúe e incluso se intensifique. Así queda demostrado que ya no hay  operación política que funcione para evitar el colapso vial, pues los funcionarios estatales únicamente ofrecen  “acuerdos de saliva” a los manifestantes. Ya se agotó la capacidad de cumplir porque  el Gobierno Estatal carece de autoridad y sobre todo de voluntad política para resolver los conflictos.

 Mientras gran parte de la Entidad está en caos, la clase política y especialmente los funcionarios estatales -quienes siguen cobrando sus abultados salarios, entre ellos el Gobernador mismo y sus secretarios de despacho-  están distraidos en el pleito político con su propio partido. Se repite: ya no hay Gobierno porque éste pasó de ser fallido a ausente. Eso se ve en las calles.

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Pide MMPV sanción a los transportistas

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