Córdoba.- Los concesionarios, principalmente taxistas que no pudieron incorporarse al programa de Reordenamiento del Transporte Público, se podrían amparar para evitar que les quiten sus unidades y les cancelen el permiso, aseguró Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coalición de Taxistas de la zona Córdoba-Orizaba, quien estimó que son al menos mil los afectados.
Ayer, unos 300 taxistas de la región Córdoba-Orizaba, arribaron a la explanada del parque 21 de Mayo para solicitar una audiencia con el Gobernador, quienes fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Rogelio Castán.
Luego de ello, el líder de los taxistas de la zona Centro, señaló ante sus afiliados: “Hemos avanzado, hay intención de resolver las inconsistencias debido a que algunos casos se encuentran en sucesión, pero no hay intención de perjudicar, pero sí revisar en qué forma obtuvieron la concesión y si el pago se efectuó a Finanzas”, expresó.
El pago que debieron hacer a la Secretaría de Finanzas es de 250 salarios y de ello deben tener un documento, así como otros del proceso para obtener la concesión, documentos que deben estar en el empadronamiento para la regulación de las unidades al servicio de transporte público.
Aseguró que en los operativos, los elementos de Seguridad Pública no deben perseguirlos, debido a que incurrirían en una irregularidad, pues deberá ser Transporte Público la instancia que verifique la legalidad de las unidades.
“Según ellos no hay prórroga, pero deberán analizar caso por caso”, aseguró Jairo Guarneros, quien señaló que aquellos que no pudieron pagar o realizar el empadronamiento podrán ampararse contra la determinación del Estado. En este caso estiman se encuentran unos mil transportistas.
