De la Redacción el buen tono
Región.- La zona centro de Veracruz fue testigo de ocho horas de caos y bloqueos, cortesía de taxistas provenientes de localidades como Córdoba, Omealca, Tezonapa, Paso del Macho, Naranjal, Amatlán, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Orizaba e Ixtaczoquitlán.
Su motivo: protestar contra lo que afirman son malos tratos y presuntos abusos de autoridad por parte de elementos de Seguridad Pública y de Transporte Público, durante los operativos que se llevan a cabo en toda la región.
La manifestación culminó cerca de las 17:00 horas, sin embargo, quedaron insatisfechos debido a que jamás fueron atendidos por personal del Gobierno del Estado para exponer sus demandas.
En un esfuerzo por canalizar sus demandas, solicitaron la apertura de una mesa de diálogo con autoridades del gobierno estatal, incluyendo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien, en una declaración, subrayó que estas protestas no son un simple acto de descontento gremial, sino que están vinculadas a intereses de grupos criminales.
El gobernador aseguró que las medidas implementadas no constituyen un operativo contra los taxis ni la ciudadanía en general, sino una iniciativa para proteger a los ciudadanos de posibles abusos.
Los taxistas rechazaron la versión del gobernador, y aseguraron que está mal informado, pues los operativos son únicamente contra el gremio.
Entre los líderes que encabezaban este movimiento están Carlos Guzmán Bautista, Job Antonio Ramírez Reyes, Fernando Zúñiga y “El Sartén”.
En Xalapa, la obtención de concesiones para el servicio de transporte público se ha convertido en un proceso lleno de irregularidades que contribuyen a la proliferación de prácticas corruptas.
Mientras que a algunos les permiten pagar las concesiones e incluso, en ocasiones, se les otorgan placas, otros permisos y requisitos quedan pendientes, llevando a muchos concesionarios a caer en la trampa de la irregularidad. Esta situación fuerza a los afectados a circular sin completar todos los requisitos legales, lo que, a su vez, crea un escenario propicio para la corrupción y cuando son detenidos por las autoridades de Transporte Público y Tránsito Municipal, se ven obligados a buscar soluciones expeditas para evitar sanciones, generando así un círculo de corrupción que afecta tanto a los conductores como al sistema en su conjunto.
