Orizaba.- Se podrían amparar cerca de mil trabajadores del volante ante las altas posibilidades de que pierda su concesión el 50 por ciento de 4 mil que hay en la región, dieron a conocer integrantes de la Coalición de Taxistas en la Zona de las Altas Montañas.
El representante de Central Río Blanco y Alfa 2000, Joaquín Alberto Mauro Rodríguez y el asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (Grito) e integrante de la Coalición de Organizaciones Taxistas en la Región, Jairo Guarneros Sosa, acompañados de un grupo de concesionarios, puntualizaron que el Reordenamiento les significará un gasto de 7 mil a 9 mil pesos.
Ante ello, insistieron en que están a favor del Reordenamiento, mas no en los altos costos que imponen y dejarán al Gobierno Estatal mil millones de pesos, monto que no descartaron termine en las campañas electorales de 2018, en donde ya se habla de que participará Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del Mandatario Estatal.
Indicaron que no les queda claro en dónde está lo recaudado del 15 por ciento del Fondo Educativo y que ya se los cobran, pues los centros educativos se ven igual o peor que antes, “si ustedes lo multiplican por las 105 mil unidades que hay en el Estado es una cantidad considerable, que no se sabe para qué se va a utilizar”.
Agregó: “Es obvio que no se usa para nada que tenga que ver con la educación, ahora que regresarán los alumnos a clases, en muchas partes les condicionan la entrada con el pago de cuotas, impuestas por las sociedades de padres de familia y el Gobierno del Estado no ha aplicado alguna sanción a nadie por ello”.
Guarneros Sosa, comentó que el módulo fue solicitado para facilitarle a los concesionarios de la región el registro, sin embargo, quienes trabajan en los módulos no tienen la capacidad para resolver los problemas que se presentan, “son ignorantes de la Ley de Tránsito y Transporte, de ahí que estén regresando a varios concesionarios por situaciones mínimas, por lo que ya no asistirán los demás compañeros”.
Recordó la insistencia del Gobernador y de quien está al frente de la Dirección de Transporte Público, sobre la posibilidad de sacar de circulación las concesiones que de acuerdo a sus criterios hayan sido otorgadas irregularmente, señalando como tales a quien no tenga el título de la concesión, sin importarles que hayan pagado 250 salarios mínimos a Sefiplan por el derecho para explotarla.
“Por lo tanto, no existe certeza para ninguno que tenga una concesión… De manera contradictoria, en los módulos para el reordenamiento se niega la validez legal de los poderes que muchos tienen para representar a aquellos que por motivos personales se tuvieron que ausentar del Estado e incluso del País, como por ejemplo la inseguridad”, detalló.
Finalizó Guarneros Sosa al decir que “después del 30 de septiembre, al vencerse el plazo, pueden recurrir al amparo para evitar que mediante un acto de abuso de autoridad les saquen sus unidades de circulación, pero que no los amedrentan las voces de la ignorancia”.
