De acuerdo a lo marcado por los tiempos legales, ayer domingo inició el período de precampañas internas en los partidos políticos para dar paso a la selección de sus candidatos a la gubernatura. Es decir, un espacio de promoción interna que en teoría se reduce exclusivamente a la militancia partidista —a reunirse con los militantes, pues— pero en realidad es usado para hacer campaña al exterior pues los cuatro aspirantes genuinos ya están definidos de antemano. Ninguno de ellos tiene competencia interna ni necesidad de convencer a las bases partidistas.
Solamente, en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) hay dos precandidatos inscritos, el diputado federal con licencia Miguel Ángel Yunes Linares y el presidente de la organización “Llave Ciudadana”, Rafael Abreu Ponce, originario de Coatzacoalcos pero que en realidad no es competencia interna.
Hay que señalar que en el PAN disciplinaron de última hora al ex legislador por Huatusco, Víctor Serralde Martínez —o como se llame en realidad— quien se había inscrito también en la contienda interna.El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, Ricardo Anaya, llamó a Serralde a una reunión en la Ciudad de México y acordó que su inscripción fuera retirada, tal y como sucedió antes de concluir la semana pasada. ¿Qué negoció a cambió el señor Serralde? Al parecer posiciones para sus seguidores, aunque otros opinan que no tiene la fuerza suficiente para una competencia interna fuerte y por ende para exigir mucho a cambio de su retiro. Entonces, para convencerlo de entrar en razón, sólo le habrían recordado los múltiples negocios —algunos fraudulentos— que hizo al amparo del poder, cuando éste lo ostentaban los panistas.
Ya se verá con el tiempo si a Serralde le conceden cotos de candidaturas o cargos en una posible administración estatal panista. Por lo pronto quedó conjurado, aparentemente, un escándalo al interior del panismo que estaba patrocinado por el Gobierno estatal. La pregunta que carcome a los desocupados es saber si los financiamientos recibidos por Serralde durante la fidelidad o seguirá como infiltrado al interior del albiazul. Como dice el clásico: al tiempo.
De los otros partidos, como se dijo al principio, se van con precandidatos únicos, algunos llamados “de unidad”, como en el caso del Revolucionario Institucional con el senador con licencia Héctor Yunes Landa. El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lleva al diputado federal por Xalapa, Cuitláhuac García Jiménez, quien se separó de la curul el miércoles 3 de febrero y su lugar fue ocupado por el catedrático de la Universidad Veracruzana (UV), Sergio Cansino Bargussón. Mientras tanto, el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) tiene como precandidato al ex dirigente estatal del mismo y ex alcalde xalapeño, Armando Méndez de la Luz.
Todos aprovecharán el mes y una semana de precampaña para, obviamente, promocionarse al exterior. Este período termina el 13 de marzo, cinco días antes de que inicie el plazo para la inscripción formal de los candidatos ante las autoridades electorales, que será el 18 de marzo. Por lo pronto, ayer domingo el priista Héctor Yunes Landa comenzó el proselitismo interno en Xalapa, reuniéndose con los mismos de siempre: la bufalada de ediles, diputados, líderes de sectores y agregados.
Un inicio demasiado frío en comparación con otros años en el tricolor. No estuvo ni el gobernante en turno, Javier Duarte —su ausencia tiene mucho de trasfondo— y ni siquiera el dirigente estatal del tricolor, el inefable Amadeo Flores Espinosa. Su único acompañante de valía fue el senador José Yunes Zorrilla. Por su lado, el panista Miguel Ángel Yunes Linares comenzó su precampaña en las ciudades de Poza Rica y Tuxpan, al norte del estado, realizando reuniones con militantes de esos lugares, también sin la presencia de personalidades de ese partido.
Lo que sí hay que destacar es la propuesta que Yunes Linares hizo ayer y que retumbó en todo el estado: de llegar a la gubernatura procederá penalmente contra el actual secretario de Seguridad Pública. Lo hará, dijo, por “sus vínculos con la delincuencia organizada y con las bandas que operan el secuestro, el robo de autos (sic), la extorsión y otros delitos”. Además, Yunes anticipó el futuro del fiscal del estado, a quien le exigirá su renuncia y en el caso de negarse le fincará juicio político “por su complicidad y encubrimiento de las actividades delictivas de Javier Duarte y de diversas organizaciones criminales que operan en Veracruz”.
El asunto no es menor porque en esos dos compromisos se capta el reclamo de miles de veracruzanos que han sufrido el abuso de policías estatales o cuyos familiares fueron objeto de desaparición forzada, y en el caso de la Fiscalía, procesos amañados y manoseo de expedientes forenses. En el caso de lo anunciado por Yunes Landa tampoco, porque rompería por la vía de un juicio político —que tendrá consecuencias penales, obviamente— el regalo que el Congreso local aprobó en enero del 2015 para que se mantuviera el actual fiscal general hasta el 2024.
DEFENSA UNIVERSITARIA
En otro asunto pero que tiene relación con los candidatos a la gubernatura, el Gobierno estatal arreció la embestida contra la Universidad Veracruzana cuya rectora reclama la entrega de 2 mil 500 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha retenido ilegalmente y por lo cual se interpusieron tres procesos judiciales:
Uno es un amparo federal ante el Juzgado 17 de distrito en Xalapa por violación al derecho humano a la educación que se configura al retener 250 millones de pesos; otro es una denuncia ante la fiscalía por el adeudo de mil 625 millones de pesos y el tercero ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un pendiente de 450 millones de pesos.
¿Qué consecuencias traerá la negativa para entregar esas ministraciones? Que el déficit que arrastra la UV la obligue a tomar medidas emergentes para allegarse recursos. Entre ellas, el elevar las cuotas monetarias a los alumnos, y eso será un golpe tremendo para la economía de miles de familias veracruzanas. Algunos jóvenes verán esfumarse sus esperanzas de cursar estudios superiores. Por eso el asunto no se reduce a cuestiones macroeconómicas, sino que tendrá secuelas dañinas a miles de personas. Es, en términos simples, un ataque a la educación pública y a la economía familiar.
El Gobierno estatal no sólo se niega a entregar los fondos monetarios que por ley le corresponden a la UV, sino que incluso amenaza con denuncias penales bajo el argumento de que es la universidad la que adeuda. ¡Tremendos caraduras!, los ladrones hacen las cuentas chinas y resulta que ahora son acreedores de las víctimas de sus atracos. También son un par de sinvergüenzas el oaxaqueño Flavino Ríos y el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín que hacen malabares verbales y legaloides con tal de no entregar lo hurtado.
Algo que no hay que perder de vista en este caso es que el Gobierno del Estado representa al PRI y entonces es el PRI quien ha declarado la guerra a la Casa de Estudios en aras de no devolver lo robado. La comunidad universitaria debe estar consciente de ello: hay una embestida del sistema priista contra la UV y es hora de salir a las calles a defenderla. Hay 90 mil integrantes de la comunidad universitaria en todo el estado, entre estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores. ¿Qué esperan para salir a las calles a exigir lo que legalmente corresponde? ¿Qué los detiene para gritarle sus verdades a los que saquearon el presupuesto universitario?
Hoy lunes 8 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto estará en Poza Rica, ¿Por qué no recibirlo con un estado paralizado de norte a sur? Las plazas tomadas, las calles repletas, las carreteras bloqueadas, noventa mil voces a grito de pulmón exigiendo el presupuesto robado. ¿No es la hora?
Es verdad que la rectora Sara Ladrón de Guevara no es una persona confiable del todo, pero al menos ha iniciado las acciones legales para defender las finanzas universitarias. Es ahora el momento para que todos cierren filas y se fortalezca esa defensa de la UV ante la guerra de sometimiento declarada por el gobierno priista.
Y en todo este contexto, el virtual candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, egresado de la UV, mantiene un discurso tibio sobre el caso: no denuncia ni exige respeto para la Casa de Estudios, sólo emite frases preestablecidas. No señala a los saqueadores que se robaron el dinero ni los llama por su nombre a entregarlo a la UV. En cambio, el panista Yunes Linares ayer llamó al mismo Yunes Landa y a los candidatos de Morena, Cuitláhuac García y del PMC, Armando Méndez de la Luz, todos egresados de la UV, a formar un frente común y acudir a la PGR para interponer las denuncias correspondientes por el daño contra las finanzas universitarias. Vaya reto, ¿Cuántos los seguirán?
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