La jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, fue suspendida por tres meses sin goce de sueldo por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La medida, aprobada con dos votos a favor y uno en contra, se tomó tras una serie de investigaciones que señalaron diversas irregularidades en su desempeño.
Las acusaciones contra la jueza
La suspensión está vinculada a acusaciones de desempeño deficiente, incumplimiento de horario laboral, nepotismo, acoso laboral y violación al derecho de inamovilidad de los trabajadores en su jurisdicción. Estos señalamientos datan de su tiempo como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor en Quintana Roo.
Entre las conductas reportadas destacan el hostigamiento laboral y el otorgamiento de privilegios a personal contratado por ella misma. Además, 12 servidores públicos presentaron denuncias contra Juárez Salas en 2021, lo que derivó en una suspensión previa que fue revocada en marzo de 2023, permitiéndole retomar su puesto.
Un historial polémico
La jueza también es recordada por ordenar a la presidenta Claudia Sheinbaum retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial. Este hecho generó polémica en su momento y marcó su trayectoria como impartidora de justicia.
La decisión del CJF
La Comisión de Disciplina, integrada por las consejeras Lilia Mónica López Benítez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Celia Maya García, analizó los casos contra Juárez Salas y determinó la suspensión con el objetivo de salvaguardar la integridad del órgano jurisdiccional.
La sanción busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales en el Poder Judicial. Mientras tanto, el CJF continúa sus esfuerzos por fortalecer la disciplina y el buen desempeño entre los servidores públicos.
Un precedente para la justicia
Este caso refleja el compromiso del Consejo de la Judicatura Federal por garantizar un sistema judicial transparente y eficiente, reforzando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
