AGENCIA
Ciudad de México.- La jueza Nancy Juárez Salas, conocida por su polémico historial, fue suspendida por 90 días sin goce de sueldo, tras una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La sanción responde a un procedimiento disciplinario iniciado en 2022, derivado de denuncias presentadas cuando Juárez Salas se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, en Cancún.
En septiembre y octubre de 2024, ya como titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, la jueza emitió suspensiones que ordenaban a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto que avala la reforma judicial. Estas acciones provocaron reacciones en diversos sectores judiciales y políticos.
El pleno del CJF aprobó la sanción por mayoría, con dos votos a favor y un voto particular en contra, emitido por la consejera Verónica de Gyves. Esta última argumentó que la jueza debería haber sido destituida e inhabilitada por un año debido a las acusaciones en su contra, que incluyen desempeño deficiente, nepotismo, acoso laboral y hostigamiento hacia servidores públicos.
Según declaraciones recientes de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Juárez Salas acumula un historial de irregularidades desde 2015. Entre estas destacan:
*Procedimientos disciplinarios: En 2016, fue sancionada por la ratificación irregular de licencias médicas.
*Amonestaciones verbales: Por nombramientos irregulares, negligencia en sus funciones y actividades comerciales prohibidas por los códigos éticos.
*Denuncias laborales: En 2022, fue acusada por 12 servidores públicos de hostigamiento laboral y malos tratos.
En 2021, el CJF ya había ordenado su suspensión, pero esta fue revocada en 2023, permitiéndole regresar a su puesto.
La decisión de suspender a Juárez Salas evidencia los esfuerzos del CJF por reforzar la vigilancia y sanción de conductas indebidas en el Poder Judicial. Sin embargo, la controversia sobre la severidad de la sanción ha generado debate. La consejera De Gyves calificó la medida como insuficiente, mientras que otras voces consideran que marca un precedente en la lucha contra la impunidad.
