La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, emitió una instrucción histórica al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) y a la Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) para transferir los recursos de los fideicomisos en los que la SCJN funge como fideicomitente a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Entrega de recursos: $853 millones para la Tesorería
En cumplimiento al Decreto de reforma del Poder Judicial, Banobras transfirió a la Tesofe la cantidad de $853,913,710.00 (ochocientos cincuenta y tres millones novecientos trece mil setecientos diez pesos), correspondientes al Fondo Jurica, el único fideicomiso constituido con esta entidad.
El movimiento fue realizado el pasado 10 de diciembre, marcando un importante paso en la redistribución de los recursos destinados al Poder Judicial.
Impedimentos legales en Nafin
Sin embargo, no todo ha transcurrido con fluidez. En el caso de los fideicomisos constituidos en Nafin, esta institución informó que no puede cumplir con la instrucción de la Ministra Presidenta debido a suspensiones definitivas otorgadas en contra de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de octubre de 2023.
Estas suspensiones ponen en pausa la entrega de otros fondos, lo que genera un debate sobre la viabilidad jurídica de estas acciones y el alcance del decreto reformatorio.
El contexto detrás de la decisión
Esta medida forma parte de la reforma al Poder Judicial, que busca transparentar el manejo de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas en instituciones clave del país. La decisión ha generado reacciones encontradas, con sectores que la consideran un avance hacia la transparencia y otros que la ven como una injerencia en la autonomía del Poder Judicial.
El impacto político y social
La transferencia millonaria refuerza el compromiso de la SCJN con las disposiciones legales y las reformas recientes. Sin embargo, las suspensiones obtenidas por Nafin abren un frente legal que podría prolongar el proceso de redistribución de recursos.
Con este movimiento, el Poder Judicial se encuentra en el centro de atención, mientras se mantiene el debate sobre el alcance de las reformas y la protección de los recursos que garantizan su autonomía operativa.
¿Qué opinas de esta medida? ¿Es un paso hacia la transparencia o un posible riesgo para la independencia judicial?
