Córdoba.- A tres meses de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, suman más de mil amparos ciudadanos en su contra.
La Ley define la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública en México y estipula en qué situaciones los militares pueden intervenir, por ello se cree pueda ser utilizada para mermar las posibles manifestaciones que deriven de los resultados de las elecciones próximas.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados. Actualmente hay mil cuatro amparos aprobados -cuatro de estos en Veracruz-.
De acuerdo con el abogado Armando Vázquez Garibay, con esta Ley se otorgan facultades inexistentes ante la Constitución y que atenta en contra de los Derechos Humanos al dar facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas que nunca antes se les habían asignado.
*Frase
“Con esta Ley se les da a las Fuerzas Armadas la facultad para investigar delitos, y ellos no están para eso, están para defender a la Nación”.
Armando Vázquez Garibay
Abogado
En el análisis se ha determinado que esta Ley violenta los artículos constitucionales 129, 21 y 89, y por ende a los Derechos Humanos. Según explicó el abogado, existe una fuerte controversia en el tema, pues mientras para los jueces no existe una violación directa a los Derechos Humanos hasta que no ocurra algún ataque de la autoridad, con el simple hecho de su aprobación se debe considerar un “ataque a los mismos”.
“Con esta Ley se les da a las Fuerzas Armadas la facultad para investigar delitos, y ellos no están para eso, están para defender a la Nación. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos establece que los países integrantes no pueden legislar en contra de los mismos acuerdos citados en el pacto de San José, de protección y defensa de los Derechos Humanos”, dijo.
Por tratarse de un año electoral, dejó en claro la existencia de posibles segundos propósitos, al tomar en cuenta que con esta Ley todo tipo de protestas serán reprimidas con el uso de la Fuerza Pública. En tanto, se considera que persigue un tinte electoral como medida represiva ante un panorama que se avecina por el descontento social.
