La liberación del ex titular de la entonces SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que estaba acusado de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva no sólo acaba con la publicitada Operación Limpieza realizada en 2008, sino que también pone sobre la mesa dos temas fundamentales en la lucha contra el crimen organizado: la colaboración con Estados Unidos y la utilización de testigos protegidos.
La Operación Limpieza llegó desde Estados Unidos. Organismos de inteligencia de ese país informaron que tenían detenido a un ex agente de la AFI, apodado Felipe, quien había trabajado en la embajada de Estados Unidos en áreas de seguridad y que estaba acusado de proporcionar información al cártel de los Beltrán Leyva. El testigo Felipe, entre otras acusaciones, señaló a varios integrantes de la PGR, la Interpol y la Policía Federal como parte del entramado de protección a esa organización criminal. A su acusación se sumó otro testigo protegido, apodado Jennifer. La SIEDO fue prácticamente desmantelada, porque muchos de sus principales funcionarios quedaron atrapados en esa red de imputaciones. Incluso quien había sido el jefe de la SIEDO durante años, José Luis Santiago Vasconcelos, el mejor especialista antidrogas que ha tenido México, dejó la PGR ante las acusaciones que existían, no en su contra, pero sí de muchos de sus principales colaboradores. Uno de ellos era su sucesor en la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano quien, cuando llegó la información desde Estados Unidos, fue enviado a un encargo diplomático a Suiza, mientras era investigado, de donde regresó para ser detenido. El caso fue definitivo en las diferencias que se dieron en el gabinete de seguridad, sobre todo entre el entonces procurador Eduardo Medina Mora y el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna. Muy poco después de la Operación Limpieza, Medina Mora dejó la PGR y fue designado embajador en Londres. Ahora es embajador en Washington.
Junto con Ramírez Mandujano fueron detenidos más de una docena de funcionarios de distintas dependencias de seguridad y todos han quedado en libertad. Las acusaciones se basaron en la información proporcionada por Estados Unidos a través de Felipe, y por Jennifer. Pero en ninguno de los casos se pudo documentar, fuera de los dichos de esos personajes, las acusaciones sobre los distintos detenidos.
En su momento, la demanda contra Ramírez Mandujano, contra los otros implicados en la Operación Limpieza y más tarde, sobre algunos mandos militares, el más destacado de ellos Tomás Ángeles Dauahare (que en el pasado había trabajado desde la Sedena estrechamente con Santiago Vasconcelos), se presentó como basada en pruebas irrefutables. Pero el hecho es que a los tribunales sólo llegaron esos dichos. Hubo acusaciones, pero no hubo pruebas.
En buena medida, la energía mostrada en todos estos casos (y en otros) provenía del origen de la información: los organismos de inteligencia y antidrogas de la Unión Americana, en un contexto en el cual la administración de Calderón había establecido una estrategia de estrechísima colaboración en ese sentido. Pero una vez más se ponía de manifiesto algo que se repite una y otra vez desde hace décadas: la información de las agencias estadunidenses es muy importante, pero no puede ser calificada como ciento por ciento confiable. Es tan falible como cualquier otra. Y esa colaboración, como toda entre organismos de inteligencia de dos países, también debe tener márgenes, límites.
Esos límites serán uno de los puntos que se tendrán que abordar en la próxima visita de Barack Obama a México. Como país y como sociedad hemos cometido, sin duda, errores en la lucha contra la delincuencia organizada. Estados Unidos también, y en forma reiterada, pero la diferencia es que nuestros aliados y vecinos no pagan los costos por los errores que cometen en nuestro país. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, está en estos días en Washington analizando precisamente esta agenda y esta decisión de colocar márgenes y vías muy claras para la comunicación sobre temas de información e inteligencia en la colaboración bilateral, una decisión que ha generado desconcierto en ciertas agencias en Washington. Pero que se explica: hubo hasta 11 canales de comunicación abiertos en el pasado que, además, tenían autonomía y que incluso generaban información contradictoria para y entre distintas dependencias mexicanas. Eso iba de la mano con una amplia capacidad de operación. Un ejemplo es la presencia de agentes de distintas agencias estadunidenses en México: hoy son un poco más de 600 los que operan en el país. No se reducirá ese número, que en el gobierno federal se considera excesivo, pero la idea es que ya no aumente.
Todo eso, y mucho más, está detrás de la liberación de Ramírez Mandujano y de la Operación Limpieza. Pero lo realmente trascendente en los próximos días será ver cómo se define en estos temas la relación Peña-Obama.
