El 20 de mayo pasado acudí a Palacio Nacional para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. El lugar que me designaron quedaba justo frente al ala del presídium donde ubicaron a los gobernadores.
Estaban todos ahí, bien sentados y perfectamente trajeados. Unos más platicadores que otros, compartían palabras con el vecino. Los chistes o anécdotas que intercambiaban en voz baja provocaban guiños y carcajadas amordazadas.
Sólo faltaba que se picaran el ombligo. Había una evidente camaradería entre ellos, sin importar que fueran de partidos distintos y aunque sus respectivos estados no hicieran frontera. Un auténtico Club de Toby de la polaca.
No me había tocado verlos a todos juntos este sexenio. Y si bien hacía casi ocho meses que había concluido su encargo la única gobernadora que quedaba en el país, la yucateca Ivonne Ortega, me impresionó toparme de frente con el hecho de que, a pesar de todos los discursos sobre la equidad de género que se escuchan en la clase política mexicana, ésta tiene absolutamente relegadas a las mujeres.
El pasado 3 de julio se cumplieron 58 años de que las mujeres mexicanas votaran por primera vez en una elección federal. Uno pensaría que en casi seis décadas la distribución del poder entre géneros se hubiera vuelto más pareja, pero, como sucede con frecuencia, los números le dan en la cabeza a los buenos deseos.
Fue apenas en 1979 -cuatro sexenios después de aquella votación de 1955- que una mujer alcanzó una gubernatura en México (la colimense Griselda Álvarez). De entonces a la fecha, ha habido unos 200 gobernadores, incluyendo a los interinos y sustitutos y a los jefes de Gobierno del Distrito Federal. Pues de esos 200, solamente seis han sido mujeres.
Si revisamos el resto de los cargos de elección -y, en general, las posiciones de poder en México- la cosa es igual o peor.
Datos recopilados por mi compañero de páginas Javier Aparicio indican que en la actualidad sólo hay 166 alcaldesas en los dos mil 456 municipios del país, y únicamente seis capitales estatales son gobernadas por mujeres.
Por simple contraste, vayamos a Estados Unidos, cuyo modelo de organización política fue adoptado por México en los primeros años de su vida como nación independiente.
Allá, la mayoría de los estados (26) ha tenido por lo menos una gobernadora. En estos momentos hay cuatro -entre ellas una de origen latino, Susana Martínez, de Nuevo México- y no ha habido un sólo momento desde diciembre de 1983 en que Estados Unidos no tenga cuando menos una gobernadora en funciones. En 2003 llegó a haber siete.
No sólo eso, en el estado de Arizona ya van dos veces -2003 y 2009- que una gobernadora le entrega el cargo a otra, cosa que en México no se ha logrado. Y en Massachusetts una mandataria estatal en funciones dio a luz.
En el gabinete presidencial, la subrepresentación política de las mujeres también se hace notar: tres secretarias de Estado -Rosario Robles, Mercedes Juan y Claudia Ruiz Massieu- en 17 posiciones, y ocho subsecretarias de un total de 45. En ambos casos, menos de una quinta parte.
En el Congreso mexicano, las cuotas de candidatas contempladas por la ley electoral han conseguido elevar el número de legisladoras, pero no se ha logrado que el mínimo de 40% de mujeres que deben ser postuladas por los partidos se traduzca en igual proporción de mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado.
Aun así, la composición de la presente Legislatura representa un avance en la reducción de la subrepresentación femenina. En la Cámara de Diputados, el número de curules ocupadas por mujeres pasó de 142 (28%) a 184 (37%).
Sin embargo, este avance no se tradujo en una mayor representación en la titularidad de las comisiones de trabajo de la Cámara, que se mantuvo prácticamente sin cambios de una legislatura a otra (22% contra 23%), de acuerdo con un trabajo periodístico de mi compañera de páginas Ivonne Melgar (Excélsior, 24/VI/2013).
Las presidencias de las comisiones ordinarias son parcelas de poder en las que se lidera el debate, se conducen los procesos de dictaminación de las iniciativas, se representa al Congreso en comparecencias de funcionarios públicos y se manejan recursos.
Otras parcelas de poder en el Legislativo son las coordinaciones de los grupos parlamentarios. Y las seis principales bancadas en el Congreso (tres en cada Cámara) son encabezadas por hombres, lo cual facilita que también sean varones los titulares de los órganos directivos.
Es necesario trabajar activamente para reducir la zanja en la disparidad de género en la política y la vida pública en general. La situación actual perpetúa los estereotipos sobre el papel de las mujeres. Uno de ellos es que las candidatas no ganan elecciones.
¿De qué estado y qué partido saldrá la primera mujer gobernadora de este sexenio? Ya no lo fue este año, pues los dos aspirantes que tienen posibilidades de ganar este domingo la gubernatura de Baja California -la única que está en juego en esta jornada- son hombres. Así, Baja California seguirá siendo uno de los 27 estados que sólo han sido gobernados por hombres.
La falta de talento no es lo que explica que únicamente Colima, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán y el Distrito Federal hayan tenido mandatarias.
Lo que se requiere es que las dirigencias partidistas, también dominadas por hombres, renuncien a seguir reproduciendo los estereotipos que marginan a las mujeres y lideren la ampliación de las oportunidades para ellas en todos los órdenes.
En 2015 vendrá una nueva oportunidad. Se renovarán ocho gubernaturas, además de la Cámara de Diputados.
Mucho se puede lograr por la aplicación de cuotas -así como la ampliación de las existentes, como se hizo en el caso de las candidaturas al Congreso en 2007- pero también se puede por la vía de la voluntad política. Ver a mujeres en posiciones de poder genera la posibilidad de cambiar paradigmas.
Por eso, ahora que están por renovarse las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y el Senado, la clase política podría mandar un poderoso mensaje de que está dispuesta a ir más allá de los discursos sobre la equidad de género y nombrar a una legisladora como presidenta de alguna de las Cámaras, o, ¿por qué no?, de ambas.
En el Senado, tocaría al PRI o al PRD presidir la Mesa Directiva porque este año ya la tuvo el PAN. Todo dependerá, como siempre, de la negociación de los partidos -se sabe que el priista Emilio Gamboa y el perredista Miguel Barbosa no quieren dejar que el panista Jorge Luis Preciado encabece la Junta de Coordinación Política, y que eso podría incidir en quién presida la Mesa Directiva-, pero, ¿qué impide, por ejemplo, que las senadoras Cristina Díaz, del PRI, o Alejandra Barrales, del PRD, encabecen al Senado, en lugar de que lo hagan Gamboa o Barbosa? Legalmente, nada. Y ambas tienen méritos suficientes para ocupar el cargo.
En la Cámara de Diputados, donde la lógica indica que el PAN presida la Mesa Directiva durante el próximo año, los prospectos más mencionados para el cargo son los legisladores José González Morfín y Ricardo Anaya, ambos muy talentosos. Pero, ¿qué pasaría si se decidiera que fuera la también panista Eufrosina Cruz Mendoza, la titular de la Comisión de Asuntos Indígenas, quien ya presidió el Congreso del estado de Oaxaca?
No hay nada natural en que los hombres acaparen todas las gubernaturas, la enorme mayoría de las posiciones del gabinete y las posiciones más visibles en el Congreso.
Se engañan quienes dicen que no se puede forzar que los cargos sean ocupados por mujeres. Las barreras puestas por los hombres a la participación de las mujeres en política son las que impiden que ésta no se dé con naturalidad.
Hace falta que esos mismos hombres que hoy monopolizan las principales posiciones de poder, accedan a ir más allá de los discursos y hagan realidad la equidad de género en la política, que, a su vez, incidirá en lograr un mayor balance en otros ámbitos.
¿Por qué no comenzar por los liderazgos en el Congreso de la Unión, donde la participación de la mujer ha sido apenas testimonial? ¿O qué, creerán los líderes de las bancadas que sólo los hombres pueden?
