Córdoba.- Tratando de tapar sus malas mañas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) envió al juez José Manuel Jiménez Santés, hasta Coatzacoalcos, ahora como titular y secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia, del distrito XXI, sin embargo, ahora ahí volvió hacer de las suyas, no obstante, conociendo sus antecedentes, la profesora Lilia Gema Santiago Ríos, se comunicó con El Buen Tono para denunciar el abuso de autoridad de este funcionario, al ordenar quitarle la custodia y guarda de su menor hijo, la cual según ella indebidamente fue promovida por su esposo, en el mes de marzo pasado, tras haberse divorciado ante el mismo juzgado.
Ante el Consejo de la Judicatura del Estado, la profesora Lilia Gema Santiago Ríos, interpuso formal denuncia y/o queja contra José Manuel Jiménez Santés y Lorenzo Castillo Ortiz, juez y secretario de acuerdos respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia, del XXI distrito judicial de Coatzacoalcos, así como contra quienes resulten responsables de hechos cometidos en agravio de ella.
Según la afectada, el pasado 19 de marzo, fue notificada de un depósito judicial decretado en el expediente 194/2014, del referido juzgado, el cual había sido promovido por su esposo, Carmen Ramos Rodríguez, pero ese mismo día se presentó en ese mismo juzgado un convenio de divorcio, así como de guarda y custodia, de su menor hijo Samuel Ramos Santiago, convenio firmado por la afectada y su esposo, bajo el expediente 483/2014-III.
No obstante, días antes de divorciarse, el 15 de marzo, su esposo ya se había llevado a su menor hijo a vivir a con él, a otro domicilio, aprovechando que ella había acudido a una junta sindical, en la ciudad de Papantla, Veracruz. Esto lo hizo bajo un primer depósito judicial que promovió en el mismo juzgado, bajo expediente 194/2014, argumentando que el niño siempre estaba con él.
En el convenio de divorcio no se hizo mención de que el supuesto agraviado tuviera bajo su guarda y custodia a su menor hijo, y menos aún que se encontraran viviendo en domicilios diferentes.
Ambas partes manifestaron que era su voluntad separarse en esa fecha, y que la guarda y custodia del menor la seguiría teniendo ella.
De ahí se desprendió que el depósito judicial 194/2014, promovido por Carmen Ramos quedó sin efecto, por no haber promovido acción alguna contra ella en el término de 10 días.
Sin embargo, el juez y el secretario, excediéndose en sus funciones, solicitó al juez Sexto de Primera Instancia, del mismo distrito judicial, informe si el señor Carmen Ramos, había promovido demanda contra la afectada.
El 4 de abril pasado, el sujeto promovió un nuevo depósito, radicado bajo el número 649/2014, pero en este procedimiento, no se llevó a cabo ninguna diligencia para cerciorarse de la necesidad de la medida, y menos aún el Juez Segundo se cercioró que el menor ya estaba bajo la custodia de su padre, hecho que se contrapuso con la denuncia presentada por la afectada.
El 8 de abril, se decretó el depósito judicial a favor del supuesto agraviado, dentro del expediente 649/2014, pero con las diligencias realizadas en el depósito judicial 194/2014, que había sido promovido por el mismo sujeto, y que había quedado sin efectos, pero que el juez dio por ratificado, indicando que no quedaba sin efectos.
La parte perjudicada con este acto, consideró que “dicho criterio del juez es absurdo, fuera de toda lógica jurídica, y más aún transgrediendo las garantías de legalidad que debe tener todo gobernado en cualquier proceso judicial”.
El jueves de abril de 2013, El Buen Tono publicó el pésimo desempeño del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, ubicado en la avenida 3, esquina con calle 6, donde con un “criterio” totalmente alejado a Derecho, condenan sin miramientos, en el expediente con número 289/2009, a un ciudadano a pagar diez millones de pesos por cuestiones de abolengo.
¿Hasta cuándo el Tribunal Superior de Justicia del Estado seguirá permitiendo dentro de sus filas a jueces de esta calaña?
El Buen Tono
