Agencias
Xalapa.- La fiscal general del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, ha incumplido su compromiso de investigar a funcionarios vinculados con grupos criminales.
Se destaca el caso del ex secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, “Bola 8”, quien habría utilizado su posición en la Segob en Veracruz para colaborar con agrupaciones delictivas, manteniendo un estilo de vida lujoso y llevando a cabo una campaña electoral vacía, con la intención de postularse como candidato a la diputación federal por el distrito de Cosamaloapan.
Cabe resaltar que la titular de la FGE es la novia de Cisneros Burgos, generando conflictos de interés.
Resulta llamativo que Cisneros Burgos haya viajado a La Habana, Cuba, para dirigir campañas políticas desde allí y evadir a aquellos funcionarios que buscan detenerlo, tanto buenos como malos servidores públicos que, según la denuncia, le exigen favores incumplidos.
Cabe mencionar el pasado cuestionable de Cisneros, quien a pesar de presentarse como africano con raíces en El Congo, se le acusa de tener relaciones poco ortodoxas, siendo incluso destituido en una sesión de cabildo por supuestos actos de corrupción durante su paso como tesorero en Mulegé, Baja California Sur.
Asimismo, la supuesta complicidad del gobernador Cuitláhuac García en la protección de Cisneros Burgos, permitiéndole dejar su cargo sin enfrentar responsabilidades, lo que habría dejado a Veracruz en una situación de caos, siendo controlado por grupos criminales.
Además, se dieron a conocer otros casos de presunta corrupción en el estado, involucrando a los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ambos originarios de fuera de Veracruz.
También se señala al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, como operador del gobernador en cobros de moches y asignación de obras, con acusaciones de lentitud y opacidad en la ejecución de proyectos.
En el ámbito mediático, se cita a Mónica Robles Barajas, dueña de Imagen del Golfo, quien es señalada de utilizar su medio para presionar a políticos y alcaldes, promoviendo intereses personales y difamando a aquellos que no acceden a sus demandas.
