AGENCIA
Sinaloa.- Desde principios de septiembre, Sinaloa vive una escalada de violencia debido a enfrentamientos entre bandas delictivas, lo que ha generado preocupación entre la población. A pesar del despliegue de 950 soldados y fuerzas especiales en la entidad, los habitantes de la capital sinaloense se preguntan: ¿Dónde está la milicia y qué están haciendo para frenar la ola de violencia?
El coordinador de los diputados priistas, Bernardino Antelo Esper, planteó esta inquietud en el Congreso del Estado, señalando que aunque el gobierno ha enviado elementos federales, tanques y helicópteros, la inseguridad persiste. “Por más que llegan refuerzos, la violencia solo disminuye en los discursos”, dijo Antelo, reflejando el sentir de miles de ciudadanos que temen por su seguridad mientras las confrontaciones se tornan más cruentas.
En medio de esta crisis, Mazatlán busca mejorar la transparencia y eficiencia de sus autoridades locales con la implementación de una nueva aplicación llamada **Cabildómetro y Regidor MX**. Este proyecto, impulsado por la asociación civil Observatorio Ciudadano, permitirá a los ciudadanos evaluar el desempeño de los regidores municipales. Se espera que la herramienta esté en funcionamiento a partir de la próxima administración, con el objetivo de generar mayor rendición de cuentas y evitar la inacción política.
En Guasave, la situación es igualmente tensa tras la expulsión de Israel López, exlíder del sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapag), junto a tres colaboradoras, incluida la ex tesorera del sindicato. La expulsión se debe a la falta de justificación de **5.5 millones de pesos** en las cuentas sindicales, lo que ha generado un escándalo en la localidad.
Por otro lado, en el municipio de Salvador Alvarado, el regidor panista Gilberto Lugo Sánchez alzó la voz durante la presentación del tercer informe del alcalde Armando Camacho. Lugo recordó que el cabildo ha ignorado dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que los ediles ya han sido sancionados por omisión, dejando en evidencia la falta de acción en el cumplimiento de resoluciones judiciales.
