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Culiacán, Sinaloa – En una sorprendente vuelta de tuerca en la política y el crimen organizado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha salido al paso de las graves acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico. Las declaraciones del mandatario se produjeron después de que se hiciera pública una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.
En la misiva, difundida por el abogado Frank Pérez, El Mayo Zambada sostiene que fue secuestrado cuando asistió a una reunión en la que, según él, estarían presentes Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. La carta también sugiere que el Cártel de Sinaloa ha tenido vínculos con el partido oficialista Morena, implicando que estos nexos habrían influido en las campañas electorales de 2018, 2021 y 2024.
Rocha Moya descalificó estas afirmaciones con un contundente “Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”. El gobernador insistió en que no ha tenido ni tendrá relaciones con la delincuencia organizada y que su gobierno no ha buscado pactos con el crimen.
José Luis Montenegro, periodista e investigador sobre el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos, ha sido una figura clave en la revelación de estos vínculos. En una entrevista con Infobae México, Montenegro afirmó que el poder del estado en Sinaloa ha sido ampliamente rebasado por el narcotráfico. Según él, la economía informal generada por el crimen organizado está profundamente entrelazada con la economía formal del estado, a través de negocios que lavan dinero y sirven como canales para el tráfico de estupefacientes.
Montenegro también remarcó que en el pasado, los capos del narcotráfico solían alinearse con la estrategia política, económica y social. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado, y la complicidad entre el narcotráfico y las estructuras estatales se ha vuelto tan profunda que cualquier ruptura en estos vínculos podría desestabilizar la economía local.
Además, la carta de El Mayo Zambada menciona a José Rosario Heras, presunto comandante de la Policía Ministerial y escolta del capo. También se menciona a otros políticos implicados, incluyendo a Quirino Ordaz, exgobernador y actual embajador en España, Ana Karen Val Medina, alcaldesa de Elota, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado el mismo día en que Zambada García fue capturado.
Montenegro recuerda que la relación entre el crimen organizado y el gobierno de Sinaloa no es nueva. Después de la ruptura del Cártel de Guadalajara en los años 80, el Cártel de Sinaloa consolidó su poder y comenzó a infiltrar las estructuras gubernamentales locales, un proceso que ha contribuido a su poder económico y político en la región.
En el contexto de estas revelaciones, la situación en Sinaloa sigue siendo volátil, con la pregunta de hasta qué punto el gobierno estatal puede mantenerse al margen de las influencias criminales que han modelado la realidad política y económica del estado durante décadas.
